España 2023

Seguía sin investigarse eficazmente la violenta respuesta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos en 2022. No avanzaron las investigaciones sobre el uso de software espía contra figuras políticas y miembros de la sociedad civil. Persistía la violencia de género contra mujeres y niñas. Se aprobó una ley que eliminaba barreras de acceso al aborto. La nueva legislación para garantizar el derecho a la vivienda era positiva pero no protegía del desahucio a las personas vulnerables. Se imputaron indebidamente delitos de redacción imprecisa para coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se abrió la primera causa en España relativa a la tortura en la era franquista. Las medidas adoptadas para combatir la crisis climática eran positivas pero aún insuficientes.

Información general

En julio, el gobierno aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Pedro Sánchez continuó en el cargo de presidente tras las elecciones generales de julio, después de alcanzar un acuerdo parlamentario sobre una ley de amnistía que podía afectar a cientos de personas, entre ellas Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y otras procesadas por su participación en el movimiento independentista catalán. Al final del año, la ley seguía pendiente de aprobación en el Parlamento.

El Tribunal Constitucional resolvió a favor de una ley de 2010 que mejoraba el acceso al aborto legal.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En julio, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre la fuerza ilegítima empleada por la policía en junio de 2022 al reprimir a una multitud que intentaba buscar protección en Melilla, enclave español en el norte de Marruecos. Al menos 37 personas habían muerto y centenares más habían sido expulsadas ilegalmente durante la operación. La Fiscalía General cerró la investigación sobre los hechos en diciembre de 2022 argumentando que los agentes de policía habían actuado conforme a la legislación nacional. Según fuentes oficiales, nadie pudo cruzar la frontera de Melilla para solicitar asilo en 2023.

En un informe publicado en abril sobre su visita a España en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló la falta de acceso a un procedimiento ágil y efectivo de asilo en todo el país. Muchas de las personas que lo solicitaban tenían que esperar al menos seis meses hasta su primera entrevista, tiempo durante el cual se exponían a ser expulsadas.

Los menores no acompañados que llegaban a las islas Canarias eran detenidos junto a personas adultas y no recibían la suficiente protección.¹

Derecho a la privacidad

En mayo, una investigación realizada por el Parlamento Europeo confirmó que se había utilizado el programa espía Pegasus contra al menos 65 personas, entre las que había periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. No hubo avances en la investigación de al menos 13 demandas por el uso de software espía presentadas ante varios tribunales españoles.

En julio, debido a la falta de cooperación de las autoridades israelíes, la Audiencia Nacional cerró provisionalmente la investigación sobre el uso del programa espía Pegasus contra el presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

Violencia sexual y de género

Persistía la violencia de género contra mujeres y niñas; durante el año, 58 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja, y 13 más, a manos de otros hombres. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 50 menores de edad habían sido asesinados en el contexto de la violencia de género contra sus madres, incluidas dos niñas de 5 y 8 años en 2023.

Al término del año, en todo el país sólo había cinco centros de ayuda a las víctimas de violencia sexual.

Derechos sexuales y reproductivos

En febrero se aprobó una ley que permitía a quienes habían cumplido 16 años acceder a abortos en los servicios de salud pública sin necesidad de obtener el consentimiento parental.

Derecho a la vivienda

El Parlamento aprobó en mayo la Ley por el Derecho a la Vivienda, que limitaba los precios de los alquileres, ampliaba los plazos de suspensión de los desahucios y protegía el parque de viviendas sociales. Aunque fue bien recibida, la ley no incluía sanciones para garantizar el control de los precios de los alquileres, no prohibía los desalojos de personas en riesgo de sinhogarismo ni fijaba objetivos anuales para aumentar el parque de viviendas sociales.

Las medidas temporales de suspensión de los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica se prorrogaron hasta fin de año. Pese a ello, de enero a septiembre se llevaron a cabo 19.332 desalojos que afectaron a miles de personas que no reunían los restrictivos criterios para beneficiarse de la suspensión de la medida.

En el barrio de la Cañada Real, en la ciudad de Madrid, 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, seguían viviendo sin acceso a electricidad tras la desconexión de 2020.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En marzo entró en vigor una ley que protegía los derechos de las personas LGBTI, ya que garantizaba el acceso de las personas trans a los servicios de salud y al reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación y prohibía las terapias de conversión.

En diciembre, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una legislación regresiva que, entre otras cosas, prohibía el reconocimiento de la identidad de género basado en la autodeterminación y restringía las iniciativas educativas de promoción de los derechos LGBTI.

Derecho a la salud

Según datos oficiales publicados en 2023, el gasto en salud pública en 2021 había disminuido un 1,5% respecto a 2020. Ocho comunidades autónomas también recortaron su inversión en atención primaria de salud, mermando aún más la accesibilidad a estos servicios. Al informar sobre su visita en 2022, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló que la escasez de personal en los centros de salud pública seguía siendo grave y pidió a las autoridades que destinaran más fondos a la atención primaria.

Personas mayores

Seguían sin investigarse efectivamente las muertes y otras violaciones de derechos humanos cometidas en residencias para personas mayores durante la pandemia de COVID-19, salvo en algunos casos excepcionales en los que las fiscalías provinciales hicieron avances.²

Uso excesivo de la fuerza

Persistían los motivos de preocupación relacionados con el uso de armas menos letales por diversas fuerzas policiales del país. Por ejemplo, en junio y julio, la Policía Nacional empleó balas de goma para disolver una manifestación en la ciudad de Vigo y resultó herido un manifestante.

Al final del año aún no se había acusado a nadie en relación con la muerte de un hombre en Barcelona en noviembre de 2021 al que la policía autonómica había disparado varias descargas eléctricas con un arma Taser, incluso cuando ya había sido inmovilizado.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades continuaron usando indebidamente la Ley de Seguridad Pública para limitar en exceso la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Aunque en menor cantidad que en 2022, se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de imprecisa definición como “falta de respeto” a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”.

Al final del año, ocho activistas del derecho a la vivienda continuaban en espera de juicio por la ocupación pacífica de una sucursal bancaria para evitar un desalojo en 2017. Se enfrentaban a penas de hasta 38 meses de prisión y a una multa de 3.600 euros.

No se abrieron investigaciones a raíz de la información publicada en medios de comunicación sobre agentes de policía de incógnito que se habían infiltrado en movimientos sociales empleando relaciones íntimas y sexuales como tapadera. El Ministerio del Interior argumentó que esas operaciones eran actividades de inteligencia autorizadas por el gobierno y que permanecían clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales.

Se abrieron sendas investigaciones criminales por ofensas a los sentimientos religiosos contra un periodista y una humorista por unos contenidos de carácter político-satírico y humorístico, respectivamente.

Transferencias irresponsables de armas

En diciembre, el gobierno anunció que la concesión de nuevas licencias de exportación de armamento y material militar a Israel había quedado suspendida desde octubre. Según datos públicos referidos al primer semestre del año, durante ese periodo España había concedido 22 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 44 millones de euros.

Discriminación

Según datos oficiales publicados en el año, se denunciaron 2.040 casos de delitos de odio en 2022, el 45,3% de ellos motivados por racismo y xenofobia.

Impunidad

En septiembre, Julio Pacheco declaró en calidad de denunciante ante una jueza española dando detalles de su detención y tortura en 1975 en la antigua Dirección General de Seguridad de la capital, Madrid. Su esposa, Rosa García Alcón, que también había sido detenida y torturada, compareció como testigo. Era la primera vez que una víctima de tortura en la dictadura de Franco declaraba como denunciante ante la justicia española.

En octubre, un juez cerró la investigación de la denuncia presentada por Carles Vallejo en la que éste alegaba que había sido torturado en la comisaría de policía de Via Laietana de Barcelona en 1979 y 1980. Se interpuso un recurso.

El proyecto de ley de amnistía contenía algunos aspectos preocupantes en sus disposiciones, como la posible inclusión de casos de uso excesivo de la fuerza por la policía y la protección insuficiente de los derechos de las víctimas de delitos.³

Derecho a un medioambiente saludable

España registró su tercer verano más caluroso y el Instituto de Salud Carlos III calculó que 6.799 de los fallecimientos registrados entre enero y septiembre eran atribuibles al calor. Las olas de calor combinadas con periodos prolongados de sequía agravaron el calentamiento global y aumentaron la intensidad y propagación de los incendios forestales, que arrasaron 84.939 hectáreas.

El borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluía una reducción planificada de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 32% antes de 2030 respecto a 1990, un objetivo muy por debajo del 43% anunciado anteriormente por el gobierno.

En junio, el Tribunal Supremo resolvió a favor del gobierno, demandado en 2021 por no tomar medidas suficientes respecto al cambio climático. La sentencia no tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos ni la urgencia de aumentar las medidas para combatir el cambio climático.