Por Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil
El sábado pasado (5 de abril de 2014), por la mañana temprano, las calles del complejo de favelas (barrios marginales) de Maré, en Río de Janeiro, despertaron con una ocupación militar. Unos 2.700 soldados de las fuerzas armadas federales habían tomado el relevo al contingente de la policía militar desplegado en la zona desde el 30 de marzo.
Según un acuerdo con las autoridades, las fuerzas de seguridad permanecerán allí hasta el 31 de julio, después de que concluya la Copa Mundial. Cuando se marchen, se prevé que se establezca en Maré una Unidad de Policía Pacificadora (Unidade de Polícia Pacificadora, UPP).
El complejo de Maré alberga a unas 132.000 personas, repartidas en 16 comunidades. Es un grupo de barrios marginales y asentamientos informales situados entre las principales vías de acceso a Río de Janeiro, y está cerca del aeropuerto internacional. Se trata de una comunidad diversa, con un historial de organización comunitaria y escaso acceso a servicios públicos. Sus residentes comparten el espacio con grupos de delincuentes organizados y las denominadas “milicias”: bandas criminales compuestas principalmente por ex agentes o agentes fuera de servicio de los cuerpos de seguridad estatales.
La relación entre la policía y los residentes de Maré se ha caracterizado por la violencia y los abusos, consecuencia de la “guerra” contra la delincuencia y el narcotráfico en la comunidad, que ha afectado especialmente a los residentes jóvenes de raza negra. Los residentes contemplan con recelo los cambios, pese a la perspectiva de librarse de la arraigada “autoridad” del narcotráfico y a las expectativas de gozar de mejor acceso a servicios públicos.
Para Amnistía Internacional Brasil, la presencia del ejército en Maré plantea una situación a la vez difícil y oportuna para que el estado demuestre que la seguridad pública es un derecho que debe garantizarse y del que deben gozar todos los residentes de la ciudad, sin excepción. Las favelas y las zonas periféricas no deben tratarse como un “territorio enemigo” a conquistar, y la batalla contra los elementos criminales no debe dar lugar a que se criminalice a la comunidad entera, especialmente a los jóvenes.
A medida que se aproxima la Copa Mundial, aumenta el temor de que este modelo –la intervención del ejército y otras fuerzas de seguridad en las favelas– pueda expandirse, trayendo consigo un aumento de la amenaza de violaciones de derechos humanos y la militarización de la vida cotidiana en las comunidades más pobres. Las fuerzas armadas no cuentan con formación adecuada para este tipo de operaciones, y tienen poca experiencia en dialogar con la sociedad civil y las comunidades.
Conviene recordar que las intervenciones más recientes de las fuerzas federales y los cuerpos de seguridad pública estatales en Río de Janeiro dieron lugar a violaciones graves de derechos humanos. En junio de 2007, una operación llevada a cabo con la ayuda de la Fuerza Nacional en el complejo de favelas de Alemão se saldó con la muerte de 19 residentes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según una investigación realizada por expertos independientes, algunas de esas muertes tenían trazas de haber sido ejecuciones extrajudiciales y sumarias. En junio de 2008, unos soldados pertenecientes a un proyecto de seguridad federal en Morro da Providência fueron responsables de la muerte de tres jóvenes, a los que mataron después de que los soldados los entregaran a un grupo criminal.
La campaña “Somos de Maré y tenemos derechos”
Amnistía Internacional Brasil viene manteniendo una estrecha relación con las comunidades de Maré desde 2012, cuando lanzamos la campaña “Somos de Maré y tenemos derechos”, junto con las ONG locales Redes de Desenvolvimiento da Maré y Observatório de Favelas. El objetivo de la campaña es informar a los residentes sobre sus derechos e impedir abusos y acciones irrespetuosas por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente cuando se despliegan en las calles y las casas de las favelas. Con este fin, nosotros y nuestros socios hemos distribuido materiales educativos directamente en más de 35.000 hogares de Maré, para preparar a las comunidades con vistas al establecimiento de la UPP en la zona después de la Copa Mundial.
La semana pasada, en una reunión con el secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, expusimos los motivos de preocupación y las reclamaciones de los residentes de Maré en torno a la ocupación militar.
Osmar Camelo, representante de la Asociación de Residentes de Morro do Timbau (una de las comunidades de Maré), dijo que su comunidad quiere participar activamente en el proceso, y subrayó la importancia de crear un ambiente de confianza entre los residentes y las fuerzas de seguridad. “Es preciso modificar el enfoque policial, que es agresivo y viola derechos”, manifestó.
Los directores de las ONG que trabajan en Maré reclamaron unánimemente que el estado reconozca unos mecanismos locales de control y mediación en los conflictos, como unas defensorías del pueblo comunitarias. Esa sería una manera de garantizar que el uso de la violencia por parte de los grupos de delincuencia organizada para ejercer su control sobre la comunidad no se limita a ser sustituido por una actuación equivalente de la policía. Otro deseo de las organizaciones es que el estado se implique en Maré, no sólo a través de la policía, sino también a través de una serie de servicios esenciales y garantías de derechos para todas las personas.
Amnistía Internacional Brasil seguirá colaborando con nuestros socios locales en Maré y otras ONG de derechos humanos para conseguir que la entrada de las fuerzas de seguridad del estado en el complejo de favelas se convierta en un giro para garantizar los derechos humanos, y no sea sólo el comienzo de otro capítulo de violencia en la historia de las comunidades.