A lo largo de medio siglo, la ocupación de Cisjordania —incluida Jerusalén Oriental— y la Franja de Gaza por Israel ha dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra su población palestina.

Desde que comenzó la ocupación en junio de 1967, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a la población palestina despojándola de sus derechos fundamentales.

El régimen militar de Israel altera la vida diaria de los Territorios Palestinos Ocupados en todos sus aspectos. Sigue afectando a cómo y cuándo los palestinos pueden —y si pueden— desplazarse al trabajo o a la escuela, viajar al extranjero, visitar a familiares, ganarse la vida, asistir a un acto de protesta y acceder a sus tierras de cultivo o incluso al suministro de electricidad o de agua potable. Todo ello implica sufrir humillación, miedo y represión a diario. En la práctica, Israel ha tomado como rehenes las vidas completas de estas personas.

Además, ha adoptado un complejo entramado de leyes militares para reprimir la expresión del desacuerdo con sus políticas, y altos cargos públicos han tachado de “traidores” a los israelíes que abogan por los derechos de la población palestina.

LO PEOR ES LA SENSACIÓN DE SER EXTRANJERO EN TU PROPIA TIERRA, Y SENTIR QUE NI UNA SOLA PARTE DE ELLA ES TUYA.

Raja Shehadeh, abogado y escritor palestino

Apropiación imparable de tierras por Israel: los asentamientos ilegales israelíes

La política israelí de construir y expandir asentamientos ilegales en tierras palestinas ocupadas es una de las principales fuerzas impulsoras de las violaciones generalizadas de derechos humanos resultantes de la ocupación. A lo largo de los últimos 50 años, Israel ha demolido decenas de miles de propiedades palestinas y ha forzado el desplazamiento de grandes grupos de población para construir viviendas e infraestructuras destinadas al asentamiento ilegal de su propia población en los territorios ocupados. Además, ha desviado recursos naturales palestinos —como agua y tierras de cultivo— para uso de los asentamientos.

La existencia misma de los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. A pesar de múltiples resoluciones de la ONU, Israel ha seguido apropiándose de tierras palestinas y apoyando a los al menos 600.000 colonos que viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. Hasta 2005, más de 9.000 colonos israelíes residían ilegalmente en Gaza.

En los últimos meses, Israel ha acelerado la expansión de los asentamientos. El gobierno ha anunciado planes para la construcción de miles de viviendas nuevas en asentamientos existentes, y también para la creación de dos nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Además de construir ilegalmente viviendas e infraestructuras para asentamientos en tierras palestinas, las empresas israelíes e internacionales que operan en los asentamientos han creado una economía floreciente que sostiene su presencia y expansión. Esta “actividad empresarial de los asentamientos” depende de la apropiación ilegal de recursos palestinos, que incluyen agua, tierras y minerales, para producir bienes que se exportan y venden para beneficio privado. Cada año se exportan internacionalmente bienes producidos en los asentamientos por valor de cientos de millones de dólares.

Queremos que los gobiernos dejen de sostener una economía que contribuye a la prosperidad de estos asentamientos ilegales y fomenta el sufrimiento de la población palestina, y tú puedes ayudar.

Pide ya a tu gobierno que prohíba la entrada en el mercado nacional de bienes producidos en los asentamientos israelíes y que impida que las empresas radicadas en tu país operen en los asentamientos o comercien con sus productos, y así ayudará a poner fin al ciclo de violaciones de derechos humanos que sufre la población palestina sometida a la ocupación de Israel.

La vida diaria bajo la ocupación: población atrapada y oprimida

Debido a los cientos de puntos de bloqueo militar israelí repartidos por toda Cisjordania—entre puestos de control, bloqueos de carreteras y vías para uso exclusivo de los colonos— y al régimen general de permisos, simples quehaceres diarios se convierten en una lucha constante para la población palestina que intenta ir a trabajar, a estudiar o al hospital. Israel sostiene que la sinuosa valla/muro de 700 kilómetros de longitud está ahí para impedir ataques armados de palestinos contra Israel, pero no explica por qué en un 85% está construida sobre tierras palestinas, e incluso se adentra considerablemente en Cisjordania. Lo que sí hace la valla/muro es aislar entre sí a las comunidades palestinas y separar a las familias. Asimismo priva a la población palestina de acceso a servicios básicos y separa a los agricultores de sus tierras y otros recursos, causando la paralización de la economía palestina. Además, una legislación intrínsecamente discriminatoria e injusta impide a muchas personas contraer matrimonio, o desplazarse dentro de los territorios ocupados o hasta Israel para visitar a seres queridos o vivir con ellos. Estas restricciones arbitrarias son discriminatorias e ilegítimas y deben levantarse de inmediato.

Israel tiene la obligación de devolver las tierras, huertos, olivares y demás bienes inmuebles confiscados a los efectos de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro. 

Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, 2004

Aunque Israel retiró sus tropas terrestres de la Franja de Gaza en 2005, mantiene un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire sobre Gaza, así como una “zona de acceso restringido” o zona temporal de seguridad dentro de Gaza. De esta manera ha mantenido aislados de otras partes de los Territorios Palestinos Ocupados y del resto del mundo a más de dos millones de palestinos durante 10 años.

Restricciones de acceso a recursos naturales

Además de decidir adónde pueden ir y a quién pueden ver los palestinos, Israel también controla su acceso al agua potable y lo restringe arbitrariamente. Los israelíes consumen al menos cuatro veces más agua que los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados.

El agua es la vida; sin agua no podemos vivir […] Los soldados destruyeron nuestras casas y corrales con los rebaños, arrancaron todos nuestros árboles y destrozaron nuestras cisternas de agua […] Cada día es una lucha, porque no tenemos agua. 

Fatima al Nawajah, residente del pueblo palestino de Susya, situado en las colinas del sur de Hebrón

El restrictivo suministro de agua a la población palestina por Israel no permite cubrir las necesidades básicas de la población palestina ni supone una distribución justa de los recursos hídricos comunes. Las piscinas, praderas bien irrigadas y grandes fincas de riego de los asentamientos israelíes en territorio ocupado —verdes y frondosas incluso en plena estación seca— contrastan enormemente con los áridos y resecos pueblos palestinos adyacentes, cuyos habitantes consiguen a duras penas agua suficiente para lavar, ducharse, cocinar o beber, y todavía les resulta más difícil regar sus cultivos.

50 años de detenciones arbitrarias, privación de libertad y juicios injustos

Desde 1967, las autoridades israelíes han detenido a cientos de miles de palestinos —incluidos mujeres y menores de edad— en virtud de órdenes militares, muchas de las cuales penalizan una amplia diversidad de actividades pacíficas. En momentos de agravamiento de las tensiones y la violencia se detuvo arbitrariamente a los varones, adultos y menores, de pueblos enteros en redadas masivas. Durante el levantamiento palestino, de 1987 a 1993, las fuerzas israelíes detuvieron a unos 100.000 palestinos.

Además, las autoridades israelíes han detenido arbitrariamente a decenas de miles de palestinos y los han recluido sin cargos ni juicio, en detención administrativa; entre ellos hay presos de conciencia.

La política de detener a palestinos en los territorios ocupados y recluirlos en cárceles israelíes, aplicada por Israel durante 50 años, es una violación del derecho internacional. Los presos palestinos, además, sufren restricciones en las visitas de familiares y en el acceso a la educación y la asistencia médica, entre otros aspectos.

Las autoridades israelíes juegan con nuestras emociones, nos torturan y nos castigan. 

A “Reham” le han denegado permiso regular para visitar a su hermano, quien, detenido a la edad de 12 años, lleva 15 recluido en una prisión israelí

Israel ha establecido también tribunales militares que no garantizan el procesamiento de las personas palestinas con las debidas garantías para un juicio justo. Prácticamente todas las causas elevadas ante tribunales militares se resuelven con fallos condenatorios. La mayoría de las sentencias condenatorias se dictan tras declararse culpable el propio acusado, porque los palestinos acusados de delitos saben que el sistema en su conjunto es tan injusto que su condena es segura y les impondrán una pena más larga si van a juicio. En cambio, los colonos israelíes acusados de delitos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados son procesados ante tribunales civiles israelíes en Israel y reciben mayor protección legal en virtud del derecho civil israelí.

La tortura sigue sin estar tipificada como delito en la legislación de Israel, y esto propicia que los presos palestinos sufran tortura y otros malos tratos bajo la custodia israelí.