Las personas que vieron la toma de posesión de Barack Obama el 20 de enero participaron en una celebración trascendental de algo que se estaba haciendo realidad y que hasta entonces parecía imposible. Desde las aldeas aisladas hasta las grandes ciudades, millones de personas se sintieron incluidas en el mensaje de esperanza y de posibilidad de cambio del nuevo presidente. En su discurso inaugural, el presidente Obama rechazó por considerarla “falsa” la elección entre seguridad y respeto de los derechos humanos. No tardó en pasar de las palabras a la acción, dictando tres órdenes ejecutivas que incluían la promesa de poner fin a algunas de las políticas más controvertidas de la “guerra contra el terror” del gobierno anterior. Ordenó el cierre en el plazo de un año del centro de detención de la bahía de Guantánamo, símbolo de la falta de respeto del anterior gobierno por los derechos humanos. Ordenó que la CIA cerrase toda instalación de detención de larga duración que estuviera gestionando y prohibió a este organismo gestionar instalaciones de ese tipo en el futuro. Prohibió las técnicas más duras utilizadas por la CIA en su programa de detención secreta, un programa en el que se han cometido actos de desaparición forzada y tortura, constitutivos de delito en virtud del derecho internacional. Tal como el nuevo presidente reconoció, queda mucho trabajo por hacer. Esto sólo ha sido el comienzo de un proceso que debería haberse iniciado hace tiempo. Aunque Amnistía Internacional acogió con satisfacción estos primeros pasos, el historial del gobierno en lo relativo a llevar a término las reformas durante sus primeros 100 días ha sido contradictorio. Tal como se describe en su último informe, Mensajes contradictorios. Medidas antiterroristas y derechos humanos: Los primeros 100 días del presidente Obama, Amnistía Internacional sigue considerando motivo de preocupación las políticas del gobierno sobre las detenciones relacionadas con la lucha antiterrorista, así como el hecho de no comprometerse a poner a disposición judicial a los funcionarios estadounidenses responsables de los actos de tortura. Es preciso que se rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por o en nombre de las autoridades de Estados Unidos, ya sea en Irak, Afganistán, Guantánamo o en el programa de detención secreta. Con la voluntad política y la supervisión independiente necesarias, será posible reparar los daños causados al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos. Las políticas antiterroristas no son los únicos motivos de preocupación de Amnistía Internacional en lo que respecta a Estados Unidos: hay una serie de cuestiones de ámbito nacional sobre las cuales la organización viene haciendo campaña desde hace muchos años. En algunas áreas clave –como la protección de los derechos civiles, la igualdad de género y la atención de la salud–, el presidente Obama ha prometido que su gobierno hará más. Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña por la aplicación plena de las normas de derechos humanos, lo que incluye las áreas que se citan a continuación. El presidente Obama ha ordenado al ministro de Defensa que revise las condiciones de detención en Guantánamo. Pero el aislamiento y las duras condiciones de estimulación sensorial reducida que han soportado los detenidos en Guantánamo son un reflejo de las condiciones reinantes en algunas de las más duras prisiones de “supermáxima” seguridad de Estados Unidos. Las autoridades federales deben revisar esas condiciones en el territorio continental de Estados Unidos y asegurarse de que no se somete a ninguna persona a tratos crueles, degradantes o inhumanos. En su toma de posesión, el presidente Obama reafirmó los valores y principios fundamentales consagrados en el derecho internacional, incluida la promesa de que “todos somos iguales […] y todos merecen una oportunidad de buscar toda la felicidad que nos sea posible”. La verdad es que en Estados Unidos, uno de los países más prósperos del mundo, sigue habiendo millones de ciudadanos que viven en la pobreza. Persisten flagrantes diferencias raciales en cuanto a la vivienda, la atención de la salud, el empleo, la educación y el sistema de justicia penal. Más de la mitad de los 46 millones de personas que no disponen de seguro médico en Estados Unidos pertenecen a minorías raciales o étnicas. Dos tercios de las personas que no disponen de seguro tienen ingresos cercanos o inferiores al Nivel de Pobreza Federal. Debemos aplaudir la promesa del presidente Obama de elevar la calidad de la atención de la salud y reducir su costo porque entendemos que es un paso importante, pero esta promesa debe ser respaldada con medidas prácticas y financiación adecuada para garantizar el acceso universal a la atención de la salud. Los malos tratos bajo custodia policial y en las cárceles sigue siendo un grave motivo de preocupación en muchas áreas, al igual que el aumento del uso de armas de electrochoque como las pistolas Taser en tareas de aplicación de la ley en Estados Unidos. Las armas Taser se han relacionado con decenas de muertes en los últimos años y sigue habiendo casos alarmantes, incluidas muertes recientes de menores de edad desarmados. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno federal que amplíe su investigación en curso sobre las víctimas mortales y que el uso de ese tipo de armas se suspenda o se limite a situaciones en que sean necesarias para proteger vidas y evitar el uso de armas de fuego. Las minorías raciales constituyen un número desproporcionado de las víctimas de la brutalidad, el hostigamiento y los disparos ilegítimos de la policía. Los hombres de raza negra siguen teniendo 6,5 veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, y las mujeres negras son encarceladas en una proporción de tres a uno respecto de las mujeres blancas. El nuevo gobierno debe ocuparse con urgencia de las causas de esas desigualdades y de la discriminación racial en el sistema de justicia penal. Es de vital importancia que se lleve a la práctica la promesa del presidente Obama de prohibir los perfiles raciales por parte de los organismos encargados de hace cumplir la ley. La pena de muerte, el racismo y la privación están indisolublemente interrelacionados. La inmensa mayoría de las más de 3.000 personas que están en espera de ejecución son demasiado pobres para costearse una representación letrada, y numerosos estudios han mostrado que la raza, especialmente la raza de la víctima de asesinato, influye en la aplicación de la pena de muerte. Desde 1990, más de 1.000 hombres y mujeres han muerto a manos del Estado. El nuevo gobierno debe apartar al país de esta práctica cruel, inhumana y degradante anunciando la suspensión de las ejecuciones federales. Las mujeres de todas las razas y clases sociales en Estados Unidos hacen frente a la amenaza de violencia en el ámbito familiar, violación y abusos sexuales. Pero, en el caso de las mujeres indígenas de Alaska y del resto del territorio estadounidense, los riesgos son mayores; tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir agresiones sexuales que otras mujeres en Estados Unidos. La aplicación y financiación plenas de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres podría ayudar a atajar el azote de esa violencia. El nuevo gobierno también tiene que mostrar liderazgo en lo que se refiere a poner fin a la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las medidas para garantizar que no se penaliza a ninguna persona por su orientación sexual o su identidad de género deben formar parte de las reformas legislativas integrales destinadas a garantizar el respeto de derechos humanos de todas las personas, sin discriminación. El gobierno ha afirmado que tiene previsto buscar vías que posibiliten legalizar la situación de millones de inmigrantes irregulares. Es necesario y urgente abordar muchos aspectos de los derechos humanos de las personas migrantes, como la falta del proceso debido en los procedimientos de expulsión para quienes no son ciudadanos estadounidenses; las políticas de detención indefinida y preceptiva; y las condiciones inhumanas en las que continúan recluidas muchas personas detenidas por causas relacionadas con la migración, incluidos solicitantes de asilo. En el plano internacional, la reputación de Estados Unidos se ha deteriorado a lo largo de los años por su desacato del derecho internacional y por no participar de forma constructiva en los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Amnistía Internacional acoge con satisfacción las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Obama para comprometerse con la comunidad internacional, incluso a través de las Naciones Unidas. La organización considera esperanzadora la disposición de Estados Unidos a participar en el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU, y a trabajar con otros países para mejorar su eficacia. Entre otras medidas importantes, la nueva administración debe:
ratificar todos los tratados y protocolos internacionales básicos de derechos humanos, y retirar las condiciones limitadoras a los tratados que ha prometido respetar y defender; ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); promover el respeto de los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con otros países.Otra medida bienvenida que ha adoptado el nuevo gobierno ha sido levantar la “regla de la mordaza global”, es decir, la prohibición de destinar fondos federales para organizaciones internacionales que prestan o defienden servicios de salud reproductiva, incluidos abortos seguros y legales. Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que elimine las restricciones que aún quedan y que aumente la financiación para programas que se ocupan de la salud reproductiva, la salud materna y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. En relación con la tragedia en curso en Darfur, Estados Unidos ha sido una voz firme para los millones de víctimas del conflicto. Pero puede y debe hacer más. Debe aportar fondos y equipos para las iniciativas de mantenimiento de la paz. Debe reforzar el embargo de armas y apoyar a la CPI. Debe oponerse a los intentos de postergar la causa incoada por la CPI contra el presidente al Bashir. En respuesta a la situación de Oriente Medio y a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, Estados Unidos debe apoyar una misión investigadora de la ONU que lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial de las denuncias de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, cometidos por todas las partes durante el conflicto en Gaza y el sur de Israel. Debe imponer un embargo de armas completo a ambas partes y situar los derechos humanos en el centro de las iniciativas para reactivar el proceso de paz en Oriente Medio. Tales respuestas a estas y otras crisis internacionales señalarían la “nueva era de responsabilidad” prometida por el presidente Obama.