Las fotografías de Rasul Kudaev tomadas antes y después de estar detenido bajo custodia policial en Rusia son tan diferentes entre sí que cuesta creer que sea la misma persona.
Esto es lo que le sucedió a Rasul después de ser torturado para que confesara un delito que él sostiene que no cometió.
En octubre de 2005, Rasul fue detenido como sospechoso de haber participado en atentados terroristas contra instalaciones del gobierno en Nálchik, capital de la República de Kabardino-Balkaria, en la región del Cáucaso Septentrional, Rusia.
Pero Rasul era ya un hombre marcado. Había sido liberado del centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, sólo un año y medio antes.
En 2002, fue detenido por Estados Unidos en Afganistán y trasladado al centro de detención de la bahía de Guantánamo, donde estuvo recluido sin cargos ni juicio.
En febrero de 2004 lo enviaron finalmente de vuelta a Rusia, donde los detuvieron de nuevo poco después.
Pero, lamentablemente, el hecho de que Rasul fuera torturado para confesar un delito no es excepcional en Rusia.
La situación es especialmente grave en el Cáucaso Septentrional, donde los organismos encargados de hacer cumplir la ley casi nunca rinden cuentas por los abusos contra los derechos humanos.
La investigación de Amnistía Internacional reveló que a las personas detenidas por cargos relacionados con el terrorismo se les niega de forma habitual el acceso a un abogado, o a un representante legal de su elección, durante las primeras horas, y a veces los primeros días, de su detención.
En muchos casos, las autoridades no informan a los familiares acerca del paradero de sus seres queridos, o ni siquiera confirman que la persona en cuestión está bajo custodia oficial.
Los abusos, práctica habitual El riesgo más alto de tortura se produce durante los primeros días de detención.
El acceso a atención médica de las víctimas de tortura bajo custodia es limitado, en ocasiones se niega por completo, y las investigaciones efectivas sobre denuncias de tortura son prácticamente inexistentes.
Los métodos de tortura denunciados con frecuencia por las víctimas como Rasul incluyen palizas, golpes con botellas de plástico llenas de agua, con culatas de fusiles, porras y postes; amenazas de violencia sexual, asfixia y descargas eléctricas. En algunos casos, a los detenidos se les somete a reclusión en régimen de aislamiento y se les vendan los ojos durante los interrogatorios.
Después de su detención, a Rasul lo llevaron a las dependencias de la Fuerza Policial de Lucha contra el Crimen Organizado de Nálchik y después lo trasladaron a un centro de prisión preventiva, donde aguarda la resolución de su caso. Sus denuncias de tortura, respaldadas por pruebas fotográficas, han sido rechazadas por la fiscalía.
Hasta la fecha, las autoridades de Rusia han presentado pocas pruebas concretas en contra de Rasul, a excepción de “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Algunas personas que testificaron en contra de Rasul en la investigación preliminar retiraron sus declaraciones durante el juicio diciendo que sus testimonios se habían obtenido mediante coacción.
Durante el juicio, algunos vecinos declararon que el 13 de octubre de 2005, día del atentado en Nálchik, vieron a Rasul en el suburbio de Khasanya, donde vive, a unos 6,5 kilómetros de Nálchik. Otros testigos declararon que hablaron por teléfono con Rasul durante todo el día porque estaban preocupados por su bienestar.
Una labor imposible
Batyr Akhilgov, abogado que ha trabajado en varios casos de gran resonancia en las repúblicas de Ingushetia, Osetia del Norte y Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso Septentrional, se hizo cargo de la defensa de Rasul en diciembre de 2011.
Batyr sabía que sería un caso difícil. Ello se debe, según sus palabras, a que trabajar en cuestiones de derechos humanos en Rusia es una labor peligrosa.
En los últimos años, el propio Batyr se ha encontrado con obstáculos en su trabajo. Afirma que varios fiscales y un juez presentaron denuncias en su contra por motivos falsos y exigieron que se incoaran procedimientos disciplinarios en su contra.
Los fiscales y el juez afirmaron que Batyr había faltado al respeto a la fiscalía, y citaron su declaración ante el tribunal en la que establecía paralelismos entre esa vista judicial y las de la época de Stalin.
Hasta la fecha, ninguna de las denuncias ha dado lugar a procedimientos disciplinarios y puede seguir ejerciendo la abogacía.
Batyr cree que las acusaciones son una forma de hostigamiento por su labor de defensa de los derechos humanos.
“Ser abogado de derechos humanos en Rusia es difícil. La ansiedad, la tensión y el temor por la seguridad son constantes. El abogado entiende que él es el único que se opone al actual sistema de justicia ‘medieval’, en el que la presunción de inocencia no existe y la tortura es un componente tradicional de la ‘prueba’”, dijo a Amnistía Internacional.
“El abogado vive sabiendo que sus teléfonos están intervenidos, de que puede ser objeto de vigilancia o puede ser sometido a presiones o violencia. La honestidad y la integridad son una amenaza para su seguridad.”
“Confesiones” forzadas“La justicia moderna en Rusia se rige por el principio de que ‘la confesión es la reina de las pruebas’. Aun en el caso de que todas las demás pruebas se contradigan con la confesión del acusado, la mera confesión obtenida mediante tortura, aunque esto sea evidente para todo el mundo, servirá para declarar culpable al acusado”, ha afirmado Batyr.
Un mes después de su detención, Rasul y su abogado en aquellas fechas presentaron una denuncia por la tortura y otros malos tratos que había sufrido. El abogado fue retirado del caso más tarde por el tribunal por cuestiones de procedimiento.
Desde entonces, Rasul y sus abogados luchan para que un tribunal admita y examine su denuncia, que presentó finalmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al no lograr justicia en Rusia.
Mientras tanto, nadie ha rendido cuentas por los abusos sufridos por Rasul.
“El hecho de que la tortura y otros malos tratos sean habituales, unido a la práctica inexistencia de investigaciones sobre los abusos, hace que sea casi imposible impartir verdadera justicia”, ha afirmado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Batyr no tiene dudas en cuanto a lo que espera que suceda en el caso de su cliente.
“Me gustaría que las cosas se desarrollaran con respeto a la ley y la conciencia. Pero esto es sólo un sueño en la realidad de hoy”, ha afirmado.