Activistas de derechos humanos expuestos a enjuiciamiento, congelación de bienes
En las últimas semanas, las autoridades egipcias han citado a declarar a trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, les han prohibido viajar y han intentado congelar sus fondos personales y sus bienes familiares. Estas medidas indican que una investigación iniciada hace cinco años sobre financiación y registro de los grupos independientes de derechos humanos podría dar lugar en breve a la presentación de cargos penales, han afirmado hoy 13 organizaciones internacionales.
Las autoridades deben poner fin a su persecución de estos grupos y abandonar la investigación, que podría acabar condenando a defensores y defensoras de los derechos humanos a penas de hasta 25 años de prisión, señalan las organizaciones.
“Se está tratando a la sociedad civil de Egipto como un enemigo del Estado, en vez de ser un socio para la reforma y el progreso”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para África Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Se está tratando a la sociedad civil de Egipto como un enemigo del Estado, en vez de ser un socio para la reforma y el progreso.
Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para África Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional
La investigación sobre la financiación de los grupos nacionales y extranjeros comenzó en julio de 2011, cinco meses después del derrocamiento del entonces presidente Hosni Mubarak, y ha dado lugar ya a sentencias condenatorias y al cierre de las oficinas en Egipto de cinco organizaciones no gubernamentales internacionales. La investigación corre a cargo actualmente de tres jueces elegidos por el Tribunal de Apelación de El Cairo a petición del Ministerio de Justicia.
En virtud de la legislación egipcia, los fiscales podrían presentar cargos contra destacados defensores y defensoras de los derechos humanos por trabajar sin registro oficial o por aceptar financiación extranjera sin autorización del gobierno. Una enmienda al Código Penal aprobada en septiembre de 2014 por el presidente Abdel Fatah al Sisi estipula penas de hasta cadena perpetua (que en Egipto equivale a 25 años de prisión) por el segundo de estos cargos.
“Las autoridades egipcias han abandonado el alarmismo y están tomando de forma acelerada medidas concretas para acallar las últimas voces críticas en la comunidad de derechos humanos del país”, ha afirmado Nadim Houry, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch.
Las autoridades egipcias han abandonado el alarmismo y están tomando de forma acelerada medidas concretas para acallar las últimas voces críticas en la comunidad de derechos humanos del país.
Nadim Houry, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch
La congelación de bienes y la prohibición de viajar, instrumentos para reducir la disidencia
La represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Egipto se ha intensificado en los últimos meses. El 22 de marzo de 2016, Mozn Hassan, fundadora y directora de Nazra de Estudios Feministas, fue citada a declarar como acusada en el caso de la financiación extranjera. Deberá comparecer ante los jueces instructores el 29 de marzo de 2016.
El 19 de marzo, un tribunal penal de El Cairo examinó la petición de los jueces instructores de congelar los activos de Hossam Bahgat, periodista y fundador de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, que actualmente escribe para el sitio web de noticias Mada Masr, y de Gamal Eid, abogado y director de Red Árabe por la Información de Derechos Humanos. La petición de los jueces también se extendía a los bienes de la esposa de Eid y de su hija de 11 años. El tribunal aplazó la vista hasta el 24 de marzo, y el 21 de marzo los jueces instructores también dictaron una cláusula de silencio que impide a los medios de comunicación locales informar sobre el caso.
Un tribunal de lo penal de El Cairo había dictado ya en febrero a petición de los jueces instructores, una orden que prohíbe a Bahgat y Eid viajar fuera de Egipto.
En las últimas semanas, los tribunales, los fiscales y los organismos de seguridad han prohibido viajar a un mínimo de 10 activistas de los derechos humanos, entre ellos Mohamed Lotfy, director de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, y cuatro personas que trabajaban para la Academia Democrática de Egipto.
Entre el 13 y el 15 de marzo, se ordenó a tres personas personas que trabajan para Nazra de Estudios Feministas, a dos del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos y a una de United Group, despacho de abogados que ha publicado informes sobre tortura, comparecer ante los jueces instructores para ser interrogadas. Entre las personas citadas figuraban responsables de asuntos económicos de cada grupo.
Con anterioridad, el 3 de marzo, un juez instructor había interrogado al director de United Group, el abogado Negad al Borei, en relación con la denuncia de crear una entidad no autorizada y “presionar” al presidente para que promulgue una ley contra la tortura.
En febrero, tras una investigación, las autoridades tributarias del gobierno exigieron a algunos de los grupos independientes que son objeto de investigación el pago de varios millones de libras egipcias en concepto de impuestos atrasados. El 17 de febrero, funcionarios del Ministerio de Salud también emitieron una orden de cierre del Centro Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia y Tortura, destacado centro para ese tratamiento en Egipto, aduciendo que realizaba trabajo sin licencia. El Centro cuenta con licencia para funcionar como clínica médica desde 1993 y ha proporcionado a cientos de víctimas de tortura servicios fundamentales, incluidos el asesoramiento y la asistencia letrada.
Investigación sobre financiación extranjera
La primera fase de la investigación sobre financiación de grupos independientes –conocida como caso 173 de 2011–concluyó en junio de 2013, cuando un tribunal de lo penal de El Cairo condenó a 43 personas, extranjeras y egipcias, que trabajaban para cinco organizaciones internacionales a entre uno y cinco años de prisión, por cargos de operar de forma ilícita en el país y recibir financiación extranjera sin permiso.
Todas las condenas se suspendieron o se dictaron in absentia, pero el fallo obligó a cerrar en Egipto el Instituto Nacional Democrático, el Instituto Internacional Republicano, Freedom House, el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Konrad Adenauer.
Tras concluir la primera investigación sobre los grupos internacionales, las autoridades dirigieron su atención a las organizaciones locales.
Los tres jueces instructores reanudaron sus trabajos en 2014, cuando el Ministerio de Solidaridad Social dio a los grupos locales un ultimátum para registrarse en virtud de una enrevesada ley de asociaciones que se remonta a la presidencia de Hosni Mubarak. La ley faculta al gobierno para clausurar cualquier grupo prácticamente a su antojo, congelar sus activos, confiscar sus bienes y rechazar candidaturas para sus juntas directivas.
Muchos de los grupos afectados están autorizados de alguna manera, por ejemplo como grupos sin ánimo de lucro, despachos de abogados o clínicas médicas. Aun así, algunos han reubicado a su personal fuera de Egipto o han reducido sus actividades en lugar de registrarse en virtud de la ley de la época de Mubarak. Pero ni siquiera los grupos registrados han escapado de la investigación. La Academia Democrática de Egipto había logrado registrarse en enero de 2015, y Nazra de Estudios Feministas está registrado desde 2007.
Tanto la sección de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior como el Servicio General de Inteligencia, la agencia de espionaje exterior de Egipto, llevan algún tiempo reuniendo información sobre las actividades de los grupos locales. Sus conclusiones estaban recogidas en un informe de septiembre de 2011 –partes del cual se filtraron a los medios de comunicación– que enumeraba 37 grupos sometidos a investigación, incluidos todos los afectados por las recientes citaciones y prohibiciones de viajar.
Peticiones a las autoridades egipcias
Las autoridades egipcias deben retirar la orden de cierre del Centro Nadeem y levantar todas las prohibiciones de viajar y las congelaciones de activos contra trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, cuyas actividades están protegidas por la Constitución de Egipto y el derecho internacional, afirman las organizaciones.
Las autoridades también deben levantar la cláusula de silencio, que prohíbe a los medios de comunicación publicar sobre el caso materiales distintos de las declaraciones oficiales emitidas por los jueces hasta que hayan concluido las investigaciones. Esta cláusula viola el derecho a la libertad de expresión, consagrada en la Constitución de Egipto y en el derecho internacional.
Egipto debe cumplir su compromiso de marzo de 2015 en la conclusión de su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de “respetar el libre ejercicio de las asociaciones que defienden los derechos humanos”. Esto debe incluir permitir que los grupos se registren en virtud de una nueva ley de asociaciones que el Parlamento debe redactar previa consulta con los grupos independientes, y que debe cumplir el artículo 75 de la Constitución, que protege a los grupos frente a injerencias del gobierno. La ley debe adecuarse a las normas internacionales sobre libertad de asociación.
El Consejo de Derechos Humanos y sus Estados miembros deben condenar la actual represión y exigir medidas concretas para mejorar el respeto de los derechos humanos fundamentales.
En vez de cerrar los últimos vestigios de la sociedad civil, Egipto debe acoger con agrado el escrutinio de su historial de derechos humanos y asumir las críticas constructivas de las ONG locales. Las autoridades deben entablar un diálogo abierto y auténtico con su movimiento de defensa de los derechos.
Michel Tubiana, presidente de EuroMed Rights
“En vez de cerrar los últimos vestigios de la sociedad civil, Egipto debe acoger con agrado el escrutinio de su historial de derechos humanos y asumir las críticas constructivas de las ONG locales. Las autoridades deben entablar un diálogo abierto y auténtico con su movimiento de defensa de los derechos”, ha afirmado Michel Tubiana, presidente de EuroMed Rights.
Las organizaciones que expresan preocupación son:
Amnesty InternationalArticle 19
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo
CIVICUS
Comité para la Protección de los Periodistas
Euromed Rights
FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
Front Line Defenders
Human Rights Watch
IFEX
Servicio Internacional para los Derechos Humanos
Project on Middle East Democracy
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos
Tahrir Institute for Middle East Policy