Según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy, las autoridades iraníes están jugando cruelmente con la vida de los presos de conciencia y otros presos políticos, al negarles la debida atención médica, con grave riesgo de muerte y discapacidad permanente u otros daños irreversibles para su salud.
El informe, Health taken hostage: Cruel denial of medical care in Iran’s prisons (“Salud secuestrada: negación cruel de atención médica en las prisiones de Irán”) ofrece una terrible radiografía de la atención de la salud en las prisiones del país. Presenta convincentes indicios de que el poder judicial, en especial la Fiscalía, y las administraciones de las prisiones impiden deliberadamente el acceso a servicios médicos adecuados, siendo en muchos casos un acto intencionado de crueldad, que tiene por objeto intimidar, castigar o humillar a los presos políticos u obligarlos a hacer”confesiones” o declaraciones de “arrepentimiento”.
“En Irán es habitual que la salud de los presos esté secuestrada por la autoridades, que hacen imprudentemente caso omiso de sus necesidades médicas. Negar atención médica a presos políticos es un acto cruel y absolutamente inexcusable”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El acceso de los presos a los servicios de salud es un derecho que recogen tanto el derecho internacional como la legislación iraní. Cuando privar a un preso de atención médica es causa de dolor o sufrimiento graves y se hace intencionalmente, con fines como castigarlo, intimidarlo u obtener de él una ‘confesión’ forzada, constituye tortura.”
Negar atención médica a presos políticos es un acto cruel y absolutamente inexcusable.
Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional
En el informe se detallan 18 horribles casos de presos a los que se ha negado de algún modo atención médica y corren riesgo de sufrir daños que afecten de manera permanente a su salud.
Presos sometidos a una estremecedora variedad de abusos
El informe ofrece una imagen muy inquietante de la Fiscalía, a la que competen en Irán las decisiones relativas a permisos carcelarios por motivos médicos y traslados a hospitales. La Fiscalía suele negarse a autorizar los traslados de presos enfermos a hospitales, incluso si no pueden recibir en la prisión la atención que necesitan, así como a conceder permisos carcelarios a presos en estado crítico en contra de la opinión de los médicos.
Amnistía Internacional ha determinado en su investigación que, en algunos casos, los funcionarios de prisiones, violaron también el derecho de los presos a la salud o fueron responsables de tortura u otros malos tratos. En varios casos retiraron la medicación a presos políticos o les aplicaron innecesariamente instrumentos de inmovilización, como esposas y grilletes, que dificultaban su tratamiento médico, les producían lesiones en las manos y los pies o les causaban malestar y humillación.
Los presos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron también que los médicos de la prisión eran a veces cómplices de los abusos. Explicaron que algunos médicos restaban importancia sistemáticamente a sus problemas de salud o no les prestaban ninguna atención en absoluto, diciéndoles que eran “producto de su imaginación”, y trataban dolencias graves con analgésicos y tranquilizantes.
El informe revela que las mujeres presas encuentran obstáculos adicionales para recibir atención médica, al menos en la prisión de Evin de Teherán, donde todos los miembros del personal médico y de enfermería son hombres. En varias ocasiones, se negaron a presas con problemas de salud pruebas médicas de urgencia u otros tratamientos por considerarse inapropiado que las atendiera personal médico masculino. Las presas sufrían también acoso e insultos de índole sexual por no cumplir la estricta normativa sobre el uso del velo.
Las autoridades iraníes, en particular los fiscales, dan muestra de aterradora crueldad con su actitud hacia los presos enfermos.
Philip Luther
“Las autoridades iraníes, en particular los fiscales, dan muestra de aterradora crueldad con su actitud hacia los presos enfermos. Están jugando con la vida de las personas, con devastadoras y duraderas consecuencias para su salud”, ha añadido Philip Luther.
“Las autoridad iraníes deben poner fin de inmediato a la negación de atención médica como forma de castigo o coacción y garantizar que todas las personas bajo custodia tienen acceso a servicios médicos adecuados sin discriminación.”
Retirada del tratamiento para obtener “confesiones”
Zeynab Jalalian, kurda iraní que cumple cadena perpetua por su presunta pertenencia a un grupo de oposición kurdo, está expuesta a quedarse ciega, porque se le ha retirado el tratamiento. Su familia cree que sufrió lesiones porque sus interrogadores le golpearon reiteradamente la cabeza contra la pared, causándole una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia cerebral y daños en la vista. Necesita ser operada con urgencia de los ojos, pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar su traslado a un hospital. Agentes de los servicios de inteligencia le han dicho que antes tiene que hacer “confesiones”.
“Le dijeron que, si las hacia, no sólo le reducirían la condena, sino que también la llevarían al médico”, explicó su hermana, Deniz Jalalian, a Amnistía Internacional.
“Condicionar la atención médica a que se haga una declaración de ‘arrepentimiento’ o una ‘confesión’ no sólo es una forma vergonzosa de aprovecharse de la salud de la persona presa, sino que constituye también un claro incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos”, ha señalado Philip Luther.
Negación de atención médica especializada fuera de la prisión a su debido tiempo
El preso de conciencia Omid Kokabee, físico de 33 años, que cumple 10 años de condena por negarse a trabajar en proyectos militares en Irán, se quejó de problemas de riñón durante casi cinco años, pero las autoridades hicieron reiteradamente caso omiso de sus solicitudes de atención médica. En abril de 2016 le diagnosticaron un cáncer renal muy avanzado y tuvieron que operarlo de urgencia para extirparle el riñón derecho.
“Llevaba mucho tiempo esperando que lo trasladaran al hospital […] pero las autoridades no accedían. Los médicos de la prisión jamás lo examinaron siquiea; se limitaban a prescribirle analgésicos”, contó un familiar suyo.
Un fotografía aparecida recientemente, que muestra a Omid Kokabee encadenado a la cama del hospital en una ocasión anterior en que fue hospitalizado en 2015, causó indignación en las redes sociales.
A Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo iraní, que cumple 25 años de condena, se le negó reiteradamente también el tratamiento médico especializado que necesitaba con urgencia a causa de un cáncer intestinal, que le provocaba frecuentes hemorragias gastrointestinales graves. Las autoridades condicionaron además su permiso médico al depósito de una suma abusiva como fianza.
“Si no puedes presentar una propiedad como fianza para tu permiso médico no te preocupes. Mandaremos tu cadáver al depósito para que tu madre y tu padre vayan a buscarlo”, parece que le dijeron.
El 25 de junio de 2016 le concedieron por fin un permiso carcelario temporal por motivos médicos. Sin embargo, sigue sin poder pagar el tratamiento que necesita, porque las autoridades de los servicios de inteligencia le confiscaron sus documentos nacionales de identidad y no puede solicitar por ello atención médica subvencionada por el Estado.
Otro terrible caso es el Afif Naimi, preso de conciencia que forma parte de un grupo de siete líderes de la comunidad bahaí de Irán encarcelados y cumple 10 años de condena. Padece un trastorno grave de coagulación de la sangre, por el que necesita atención médica especializada periódica, que no pueden prestarle en la prisión. La enfermedad puede ser mortal si no se trata. Los profesionales médicos han determinado varias veces que no está en condiciones de permanecer en prisión, pero a pesar de ello la Fiscalía se niega a dejarlo en libertad por motivos médicos. En la prisión ha sufrido hemorragias y pérdidas de conocimiento recurrentes, que han obligado a menudo a hospitalizarlo.
Huelgas de hambre
Muchos presos políticos con problemas de salud han considerado que no tenían más remedio que declararse en huelga de hambre para obligar a las autoridades a proporcionarles atención médica. Las autoridades suelen responder a tales huelgas con indiferencia, pero en algunos casos han acabado concediendo al preso un breve permiso médico, aunque luego lo han obligado a interrumpir su tratamiento, haciéndole volver a prisión al poco tiempo en contra de la opinión de los médicos.
En algunos casos se han tomado medidas punitivas contra los presos por ponerse en huelga de hambre. El preso de conciencia Alireza Rasouli, que cumple tres años y medio de condena, fue condenado a tres años más tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad como “difundir propaganda contra el sistema” por medios como iniciar huelgas de hambre. Padece una enfermedad osea en la pierna, que, agravada debido a la falta de tratamiento,le causa dolor severo y restringe su capacidad de movimiento. Ahora necesita operarse con urgencia fuera de la prisión para prevenir daños potencialmente permanentes en las articulaciones.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que cumplan sus obligaciones internacionales y dejen de inmediato de negar a los presos el acceso a servicios médicos adecuados. Las autoridades deben investigar a los fiscales y todos los demás funcionarios –incluido el personal médico– que puedan están implicados en casos de negación deliberada de atención médica a presos.