El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha llegado hoy a Honduras encabezando una visita de alto nivel para abordar la trágica situación de derechos humanos en el país.
Shetty y la delegación se reunirán con representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y oficiales de alto nivel del gobierno de Honduras.
La organización ha solicitado una reunión con el Presidente Juan Orlando Hernández para intercambiar puntos de preocupación y recomendaciones claves para atender la crisis. Aún se encuentran a la espera de la confirmación de la audiencia. La respuesta sin duda será una señal del compromiso real del Presidente Hernández y su gobierno con los derechos humanos.
“La crisis de derechos humanos en Honduras se deteriora a un ritmo escalofriante. Desde el aumento de los asesinatos de activistas de derechos humanos hasta la falta de protección que las autoridades brindan a las víctimas de violencia que no ven más opción que huir del país, estamos ante la presencia de una situación que requiere respuestas inmediatas
Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional
“La crisis de derechos humanos en Honduras se deteriora a un ritmo escalofriante. Desde el aumento de los asesinatos de activistas de derechos humanos hasta la falta de protección que las autoridades brindan a las víctimas de violencia que no ven más opción que huir del país, estamos ante la presencia de una situación que requiere respuestas inmediatas,” dijo Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.
“Esperamos que el Presidente Juan Orlando Hernández se reúna con nosotros para conversar sobre los enormes desafíos que enfrenta Honduras y así demostrar que el compromiso que dice tener con los derechos humanos es más que meras palabras.”
El 14 de Octubre, Shetty presentará una nueva investigación sobre el rol de los gobiernos centroamericanos en la creciente crisis de refugiados que vive la región.
El informe explora la responsabilidad de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala sobre la protección de aquellas personas que están huyendo de sus comunidades como consecuencia de la violencia extrema.