Esta condena demuestra la implacable determinación de las autoridades de aplastar todas las formas de disidencia y no deja lugar a dudas sobre a dónde están dispuestas a llegar para silenciar a quienes las critican pacíficamente.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“La condena a cinco años de prisión impuesta hoy al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet ilustra el total desprecio de las autoridades bahreiníes por la libertad de expresión”, ha declarado Amnistía Internacional.
La condena está relacionada con unas publicaciones hechas desde su cuenta de Twitter en 2015, así como con retuiteos sobre presuntas torturas en la prisión bahreiní de Jaw y las muertes de civiles en el conflicto de Yemen a manos de la coalición dirigida por Arabia Saudí.
“La sentencia condenatoria de Nabeel Rajab dictada hoy es una bofetada a la justicia. Esta condena demuestra la implacable determinación de las autoridades de aplastar todas las formas de disidencia y no deja lugar a dudas sobre a dónde están dispuestas a llegar para silenciar a quienes las critican pacíficamente”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Este vergonzoso fallo debe ser anulado y las autoridades deben retirar todos los cargos pendientes contra Nabeel Rajab y ponerlo en libertad inmediata. Resulta absolutamente indignante que se vea obligado a pasar cinco años más en la cárcel sólo por atreverse a expresar sus opiniones en Internet”.
Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, sufre un acoso implacable por su labor pacífica en favor de los derechos humanos y lleva entrando y saliendo de prisión desde 2012 por diversos cargos relacionados con su activismo pacífico. Desde noviembre de 2014 tiene prohibido salir de Bahréin.
Nabeel Rajab está encarcelado desde junio de 2016 y cumple actualmente una pena de dos años de prisión por unas entrevistas que concedió en televisión en 2015 y 2016. El Tribunal de Casación de Manama, capital de Bahréin, confirmó su condena el 15 de enero de 2018, declarándolo culpable de “difundir noticias, declaraciones y rumores falsos sobre la situación sobre la situación interna del reino que menoscaban su prestigio y posición”.
Cargos pendientes
El 4 de septiembre de 2016, el New York Times publicó en sus páginas de opinión una carta abierta con el nombre de Nabeel Rajab en la que éste describía la situación en Bahréin y su propio juicio, e instaba al gobierno del presidente Obama a emplear su influencia para solucionar el conflicto de Yemen.
Al día siguiente, la fiscalía interrogó a Nabeel Rajab y lo acusó de “difundir noticias y afirmaciones falsas y rumores perniciosos que socavan el prestigio del Estado” en relación con dicho artículo. Aún no se ha fijado fecha del juicio por esta causa.
El 19 de diciembre de 2016 se publicó un artículo con su nombre en Le Monde. Dos días después, fue interrogado en la Dirección de Investigaciones Criminales, acusado de “difundir noticias y afirmaciones falsas y rumores malintencionados que socavan el prestigio de Bahréin y los países hermanos del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y [constituyen] un intento de poner en peligro sus relaciones”. El asunto se remitió a la fiscalía, pero no se sabe si se formularán oficialmente cargos contra Nabeel Rajab.
El 12 de septiembre de 2017, el fiscal antiterrorista lo interrogó acerca de unos comentarios y una imagen publicados en enero de 2017 en cuentas de redes sociales abiertas a su nombre. En una cuenta de Instagram a su nombre se publicó una imagen del rey de Bahréin con un versículo del Corán en el que se preguntaba si creía que “nadie tenía poder sobre él”, a la vez que en su cuenta de Twitter se publicaban unos comentarios donde se hablaba de no cooperar con las instituciones nacionales y se hacía un llamamiento a protestar por la ejecución de tres hombres el 15 de enero de 2017. Nabeel Rajab negó los cargos de “incitación al odio al régimen”, “incitación a no cumplir la ley” y “propagación de noticias falsas”. El caso no se ha llevado aún a juicio, pero podría activarse en cualquier momento.