Los miembros del pueblo indígena sengwer del bosque de Embobut, en Kenia, están siendo expulsados de sus casas y desposeídos de sus tierras ancestrales mediante las acciones flagrantemente indebidas, ilegales y violentas del gobierno de Kenia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe presentado hoy.
El informe, titulado Families Torn Apart: Forced Evictions of Indigenous People in Embobut Forest, Kenya, examina la aplicación de la decisión tomada en 2013 por el gobierno de reubicar y reasentar a todos los residentes del bosque de Embobut para reducir la deforestación.
Al pueblo sengwer no se le consultó de forma auténtica en ningún momento, y tampoco se obtuvo su consentimiento libre e informado antes de su desalojo. Se trata de una violación flagrante del derecho tanto keniano como internacional.
Irungu Houghton, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia
“Al pueblo sengwer no se le consultó de forma auténtica en ningún momento, y tampoco se obtuvo su consentimiento libre e informado antes de su desalojo. Se trata de una violación flagrante del derecho tanto keniano como internacional”, ha manifestado Irungu Houghton, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia.
El informe revela que se ha utilizado fuerza generalizada —y en ocasiones mortal— contra el pueblo sengwer, y pone de manifiesto los importantes defectos del proceso de toma de decisiones que se ha utilizado para justificar los desalojos forzosos.
El mes pasado, un grupo de trabajo del gobierno sobre la conservación forestal mediante la expulsión de las comunidades que viven en los bosques concluyó que el Servicio Forestal de Kenia había cooperado en la amplia extracción maderera ilegal y destrucción del bosque de Embobut, de las que se culpa y por las que se persigue al pueblo sengwer. A pesar de este descubrimiento, el grupo de trabajo recomendó que continuara el desalojo indiscriminado de las comunidades que viven en bosques en peligro, incluido el pueblo sengwer de Embobut.
Esta situación ha separado a muchas familias sengweres, ya que uno de los progenitores permanece en el bosque para proteger su patrimonio ancestral mientras el otro vive con los hijos, a menudo en condiciones deplorables, fuera de la seguridad del bosque.
De hecho, la investigación sobre la conservación demuestra que garantizar los derechos de tenencia de los habitantes de los bosques puede incrementar la cubierta forestal y la diversidad de especies, y reducir la deforestación y la degradación, especialmente cuando las comunidades que residen en el bosque son “tradicionales” o si tienen una larga relación con sus recursos naturales, de los que obtienen parte de lo que necesitan para sobrevivir, como es el caso del pueblo sengwer.
Amnistía Internacional también concluyó que los sengweres que aún viven en el bosque se ven obligados a residir en infraviviendas improvisadas, pues sus casas están siendo incendiadas constantemente.
Esta situación ha separado a muchas familias sengweres, ya que uno de los progenitores permanece en el bosque para proteger su patrimonio ancestral mientras el otro vive con los hijos, a menudo en condiciones deplorables, fuera de la seguridad del bosque. Más de 50 mujeres sengweres a las que entrevistamos nos dijeron que sus esposos las habían abandonado a causa de la humillación que les supone no poder mantener a sus familias después de haber sido expulsados de sus casas.
Más de 50 mujeres sengweres a las que entrevistamos nos dijeron que sus esposos las habían abandonado a causa de la humillación que les supone no poder mantener a sus familias después de haber sido expulsados de sus casas.
“La situación es urgente, porque la gente sigue corriendo peligro de ser desalojada a la fuerza de sus casas. El gobierno debe cesar de inmediato todos los desalojos, y las personas desalojadas deben poder regresar a sus hogares para vivir con seguridad y dignidad, y participar en la reforestación”, ha manifestado Irungu Houghton.
Amnistía Internacional pide asimismo a la Unión Europea y a otros donantes, que han realizado una fuerte inversión en proyectos de conservación y cambio climático, que garanticen que los proyectos que financian no contribuyen a violaciones de derechos humanos, y que se obtiene el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Los proyectos en curso deben revisarse para garantizar que no se cometen violaciones de derechos humanos.
El 17 de enero de 2018, la UE suspendió la financiación al Programa de Protección de Torres de Agua y Atenuación y Adaptación al Cambio Climático de Kenia después de que el uso de fuerza letal provocara la muerte de un sengwer durante el episodio más reciente de desalojos forzados del bosque de Embobut.
El desarrollo es vital para Kenia, pero no a expensas de un coste humano.
Irungu Houghton, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia
“El desarrollo es vital para Kenia, pero no a expensas de un coste humano. Todos los donantes que financien proyectos en el bosque de Embobut, incluida la UE, deben asegurarse de que los proyectos de conservación y cambio climático no provocan violaciones de derechos humanos ni contribuyen a ellas”, ha manifestado Irungu Houghton.
Información complementaria
Los sengweres son un pueblo indígena que mantiene un vínculo cultural y espiritual con el bosque de Embobut. El derecho de los sengweres a sus tierras está protegido por la Constitución de Kenia, que define las “tierras ancestrales y tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades cazadoras y recolectoras” como tierras comunitarias. Este derecho está protegido también por el derecho internacional de los derechos humanos.
El bosque de Embobut se encuentra en el condado de Elgeyo Marakwet, en el norte del valle del Rift, y abarca unas 22.000 hectáreas. Se registró como bosque público protegido en 1954, y forma parte del complejo de las colinas de Cherangany, una zona de captación de aguas para grandes partes de Kenia.
Desde 2009, los esfuerzos por desalojar a los sengweres del bosque de Embobut han hecho que este pueblo indígena se vea sometido a la violencia del Servicio Forestal de Kenia. En enero de 2014, pese a una orden judicial que prohibía el desalojo, un destacamento de guardas forestales y policías entró en el bosque y quemó hasta 1.500 casas. El 16 de enero de 2018, un hombre murió de un disparo y otro resultó herido de gravedad durante un desalojo forzoso llevado a cabo por guardias del Servicio Forestal de Kenia. Desde el 29 de diciembre de 2017, más de 300 casas han sido arrasadas por incendios premeditados.