Las autoridades iraníes deben detener urgentemente la ejecución inminente de Mohammad Salas, de 51 años, perteneciente a una de las mayores órdenes sufíes, la de Nemattolah Gonabadi, y anular de inmediato su condena a muerte, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional ha recibido información que indica que puede producirse un enorme error judicial si las autoridades iraníes siguen adelante con esta ejecución. Pedimos a las autoridades que anulen de inmediato la condena a muerte de Mohammad Salas y que ordenen un nuevo juicio que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos sin recurrir a la pena de muerte”, ha dicho Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Este caso ha puesto al descubierto las deficiencias del sistema de justicia penal iraní. Pedimos a la comunidad internacional que haga todo lo que esté en su mano para detener la ejecución de Mohammad Salas.
Philip Luther
Las autoridades de la cárcel telefonearon a la familia de Mohammad Salas la noche del 16 de junio para decirles que fueran al día siguiente a las 3.30 p.m. hora local a la cárcel de Raja’i Shahr, donde está recluido (situada en Karaj, cerca de Teherán), a visitarlo por última vez. Esto indica que la ejecución es inminente y podría producirse en días, incluso horas.
Tras un juicio sumamente injusto, Mohammad Salas fue condenado a muerte el 19 de marzo de 2018 por el asesinato de tres policías durante una protesta de la comunidad derviche gonabadí, minoría religiosa perseguida en Irán.
La única prueba sobre la que se basó la sentencia condenatoria fue una “confesión” que, según Mohammad Salas, le fue extraída a la fuerza tras ser golpeado por unos agentes de policía. Salas posteriormente se retractó de esta “confesión” y su abogado ha afirmado que hay nuevas pruebas que indican que es inocente, a pesar de lo cual el Tribunal Supremo ha rechazado su petición de revisión judicial.
Las protestas en cuestión, que tuvieron lugar el 19 de febrero de 2018, se volvieron violentas cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a golpear a los manifestantes y a utilizar munición de combate, cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersarlos. Tres agentes de policía, Reza Emami, Mohammad Ali Bayrami y Reza Moradi Alamdar, murieron al ser arrollados por un autobús hacia las 6.30 de la tarde. Según afirma Mohammad Salas —acusado de las muertes— y corroboran varios testigos presenciales, él había sido detenido entre las 2.30 y las 4.30 de la tarde.
“En su precipitación por hacer justicia, las autoridades han pisoteado los derechos de este hombre. Al no permitirle acceder a un abogado ni antes ni durante su juicio, y al rechazar a testigos clave para su defensa que podían ratificar que ya estaba detenido en el momento de la muerte de los tres policías, parece que las autoridades han estado más interesadas en vengarse a toda costa que en hacer justicia”, ha dicho Philip Luther.
Este caso ha puesto al descubierto las deficiencias del sistema de justicia penal iraní. Pedimos a la comunidad internacional que haga todo lo que esté en su mano para detener la ejecución de Mohammad Salas.
“Si las autoridades iraníes siguen adelante con esta ejecución tras un juicio sumamente injusto, en el que la única prueba fue una ‘confesión’ extraída a la fuerza mediante tortura, se cometerá un atroz acto de injusticia.”
Información complementaria
Mohammad Salas fue detenido aproximadamente a las 2.30 p.m. del 19 de febrero ante una comisaría donde se habían concentrado miles de manifestantes derviches gonabadíes para protestar pacíficamente por la persecución que sufre en Irán la comunidad religiosa derviche gonabadí.
Salas, de profesión conductor de autobús, ha dicho que en la comisaría, donde pasó retenido varias horas, lo golpearon reiteradamente. También ha afirmado que oyó a un policía dar a los demás la orden de “matarlo a golpes”. Al final, lo llevaron inconsciente a un hospital para recibir tratamiento por las lesiones que presentaba: brechas en la cabeza que exigieron aplicarle puntos de sutura, rotura de dientes y costillas, fractura de nariz y pérdida parcial de visión.
Cuando Salas despertó, atemorizado, desorientado y adormilado tras su presunta tortura, se encontró junto a su cama del hospital a un inspector de la policía que lo obligó a firmar una declaración ya escrita en la que “confesaba” ser el autor de los asesinatos. Salas no pudo leer la declaración, porque tiene un nivel limitado de alfabetización y además necesita gafas para ver de cerca. El interrogatorio se llevó a cabo sin que hubiera un abogado presente.
Después, otro hombre que también estaba en la habitación del hospital colocó una cámara y un micrófono delante de Salas y le preguntó por qué había matado a los tres policías. Este vídeo de su “confesión” fue emitido por la agencia de noticias estatal iraní Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB) el 20 de febrero, al día siguiente de su detención.
Posteriormente, Salas fue trasladado al centro de detención de Shapour, en Teherán, dirigido por la Unidad de Investigación de la policía iraní (Agahi), famosa por extraer “confesiones” mediante tortura, donde lo mantuvieron en régimen de aislamiento, sin acceso a familiares ni abogados.
El 1 de marzo de 2018, semanas antes del comienzo del juicio de Salas, el jefe de policía de Teherán, general Hossein Rahimi, afirmó en una entrevista a la agencia IRIB que Mohammad Salas sería ejecutado por el asesinato de los policías, violando así su derecho a la presunción de inocencia.
Salas ha dicho que en el centro de detención de Agahi le pegaron, y que en el tribunal le hicieron “confesar” que había matado a los policías. También ha dicho que lo golpearon tan duramente que le rompieron un dedo.
Durante el juicio, las agencias de noticias oficiales emitieron fragmentos seleccionados del desarrollo de las sesiones, intentando desprestigiar a Mohammad Salas con detalles sobre su vida personal, y también emitieron entrevistas de familiares de los policías muertos en los que afirmaban que querían que se ejecutara a Salas en virtud del principio del “castigo equivalente al delito cometido” (qesas).
En la última sesión del juicio, celebrada el 18 de marzo de 2018, Salas se retractó de su “confesión” y dijo que sólo la había hecho porque había sido torturado y amenazado. Negó haber matado a los policías y dijo que él ya había sido arrestado y estaba detenido, con varios testigos presenciales, cuando los agentes murieron.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, había varias personas, algunas de ellas también detenidas en la protesta, dispuestas a presentar testimonio como testigos presenciales en apoyo de la declaración de Salas. Además, según su abogado, nuevos testigos han afirmado que quien conducía el autobús que atropelló a los policías era un joven.
En ningún momento se permitió que Mohammad Salas tuviera un abogado de su elección, aunque su familia había contratado a uno para representarlo. El juez no ordenó que se investigaran sus denuncias de tortura en el juicio, ni permitió que ninguna de las personas que podrían haber testificado en favor de Salas lo hicieran.
Por el contrario, el 19 de marzo, basándose únicamente en la “confesión” de Mohammad Salas en la cama del hospital, la Sección 9 del Tribunal Penal de Teherán lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria y la pena, y rechazó posteriormente la petición de una revisión judicial del caso. El 17 de junio de 2018, el abogado de Salas presentó una segunda solicitud de revisión judicial a la Sección 35 del Tribunal Supremo.
Los derviches gonabadíes de Irán se consideran musulmanes chiíes. Son sufíes que describen el sufismo no como una religión o una secta, sino como una forma de vida, en la que las personas de cualquier religión pueden encontrar a Dios. Sin embargo, el líder supremo de Irán y otras figuras influyentes consideran esta creencia un “falso misticismo”. Por ello, los derviches gonabadíes han sufrido discriminación, hostigamiento, arresto y detención arbitraria, condenas de cárcel y de lapidación, así como atentados en sus lugares sagrados o importantes.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización hace campaña en favor de la abolición total de la pena de muerte.