Las autoridades nigerianas deben adoptar un enfoque respetuoso con los derechos humanos y dictar a los organismos de seguridad órdenes claras para que no hagan uso indebido de sus poderes mientras la nación intensifica sus esfuerzos por contener la pandemia de COVID-19, que ha obligado a las autoridades a imponer medidas de confinamiento y restricción de la circulación entre los estados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Mientras la nación cumple los 14 días de confinamiento impuestos, deben respetarse y protegerse los derechos de la ciudadanía, incluido el derecho a atención de la salud, seguridad y acceso a alimentos y agua suficientes.

Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria

La respuesta nacional a la COVID-19 tiene que ser inclusiva, a fin de garantizar que las personas presas, las internamente desplazadas y las pertenecientes a otras comunidades marginadas y vulnerables no quedan excluidas en ninguna de las etapas de la lucha contra el virus.

“Aunque reconocemos la magnitud de las dificultades y los esfuerzos de las autoridades para combatir la COVID-19 en toda Nigeria, nos preocupan también los informes y vídeos de violaciones de derechos humanos que circulan por las redes sociales, entre ellas palizas a manos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que se ocupan de garantizar el respeto de las medidas de confinamiento”, ha afirmado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

Mientras la nación cumple los 14 días de confinamiento impuestos, deben respetarse y protegerse los derechos de la ciudadanía, incluido el derecho a atención de la salud, seguridad y acceso a alimentos y agua suficientes. Las medidas de confinamiento han de tener un rostro humano y permitir que la gente tenga acceso a los productos esenciales y a ayuda si no puede ya ganarse la vida, dado que la mayoría de los nigerianos y nigerianas viven al día y por debajo de umbral de pobreza.”

Con carácter urgente, el gobierno nigeriano debe implementar programas transparentes de refuerzo de los ingresos para las poblaciones más vulnerables. Millones de nigerianos y nigerianas que viven en asentamientos informales y sin acceso a servicios básicos están especialmente expuestos a infectarse de COVID-19. El gobierno debe garantizar que en esos asentamientos se hacen los efectivos los derechos a la salud, los alimentos, el agua y saneamiento.

En virtud de los derechos humanos, en estos tiempos de crisis, las autoridades nigerianas tienen la obligación de garantizar que los sectores más vulnerables y marginados de la población, como las personas con discapacidad y las que carecen de hogar, tiene acceso suficiente a los servicios que necesitan para aumentar al máximos sus posibilidades de supervivencia. Se incluye en ello el acceso a los servicios y centros de salud y a cobijo de emergencia, especialmente en el caso de las personas sin hogar, incluidos los niños y niñas de la calle, que necesiten protección.

En el caso de las mujeres y las niñas y niños que sufren violencia en el ámbito familiar, las medidas de confinamiento hacen que estén más expuestas aún a los abusos de sus maltratadores. Las entidades denunciantes y proveedoras de servicios frente a la violencia en el ámbito familiar encuentran cada vez más problemas para prestar apoyo a las víctimas de malos tratos, pues no están exentas de observar los 14 días de confinamiento. Este situación debe revisarse, porque Nigeria está obligada a aplicar medidas apropiadas para garantizar la protección de las mujeres y los niños y las niñas frente a todas las formas de violencia, y el gobierno debe reforzar los servicios y la protección, incluidos los refugios, teléfonos de ayuda, plataformas de asesoramiento online y procesos de justicia penal, durante el periodo de confinamiento.

“La magnitud y la mortalidad de la pandemia, que se ha extendido a más de 201 países y territorios, hace necesario que los gobiernos tomen medidas extraordinarias. Pero los esfuerzos colectivos por contener la propagación de la pandemia han de ir acompañados de medidas adecuadas de seguimiento para garantizar la disponibilidad de pruebas y tratamiento a tiempo para todos los nigerianos y nigerianas”, ha declarado Osai Ojigho.

Personas presas y detenidas, en peligro

Amnistía Internacional pide también a las autoridades nigerianas que tomen de inmediato medidas para prevenir la propagación de la COVID-19 en los centros de detención y penitenciarios.

Las personas presas y las personas detenidas en centros policiales y militares de toda Nigeria están expuestas a contraer COVID-19, pues se hallan recluidas en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, que pueden resultar más mortales aún con el clima cálido.

La prisión de Kaduna, que tiene capacidad sólo para 473 reclusos, alberga ahora a 1.480, mientras que la prisión de máxima seguridad de Enugu, con capacidad para 638, alberga a 2.077. La prisión de máxima seguridad de Port Harcourt sólo tiene capacidad para 804, pero actualmente acoge a 4.576. La prisión de Kirikiri de Lagos tiene capacidad para sólo 500 personas, pero ahora alberga a 1.601.

El martes, 31 de marzo, se produjeron disturbios en el centro penitenciario de Kaduna tras tenerse noticia de la muerte de un recluso, que sembró el pánico entre los demás por temor a la propagación de la COVID-19.

“La congestión de las prisiones nigerianas es enorme y pone en peligro la vida de las personas recluidas en ellas, en especial en estos momentos en que es necesario mantener la distancia social para impedir la propagación de la enfermedad”, ha señalado Osai Ojigho.

“Incluso en medio de una crisis mundial de salud, las autoridades nigerianas deben proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y garantizarles el acceso a atención de salud, alimentos, agua y todos los demás servicios básicos.”

Nigeria debe adoptar con urgencia una estrategia para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, lo que incluye reducir el hacinamiento en las prisiones mediante la liberación inmediata e incondicional de los presos y presas de conciencia, la revisión de las decisiones de prisión en espera de juicio, la búsqueda de alternativas a la detención y la posible liberación anticipada o condicional de personas situación de riesgo, como las de edad y las que tienen problemas médicos.

Información complementaria:

En Nigeria se registró el primer caso de COVID-19 el 27 de febrero de 2020, según el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria. En el momento de la publicación de este comunicado de prensa, se ha registrado la pandemia en 12 estados, han muerto dos personas, se han infectado 139 y han recibido el alta tras su recuperación 9. Las autoridades nigerianas han impuesto medias de confinamiento en Abuya, Lagos y el estado de Ogun, mientras que en muchos estados se ha restringido la libertad de circulación para ayudar a detener la propagación de la enfermedad.