Las fuerzas de seguridad tunecinas deben abstenerse inmediatamente de usar fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a manifestantes que han salido a las calles de la capital y en varias gobernaciones a protestar por la marginación, la violencia policial, la pobreza y la falta de oportunidades de empleo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Desde el viernes 15 de enero, jóvenes de barrios populares se han saltado el toque de queda para protestar y, en algunos casos, las protestas se han intensificado y se han cometido actos de violencia, saqueo y vandalismo. Hoy el Ministerio del Interior ha confirmado la detención de 630 personas, en su mayoría menores de edad (entre 14 y 15 años).
“Aunque se cometan actos de vandalismo y saqueo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcional al objetivo perseguido. Nada autoriza a las fuerzas de seguridad a hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza, aunque sea para responder a actos esporádicos de violencia”, ha declarado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
”Las autoridades tunecinas deben garantizar la liberación inmediata de Hamza Nassri Jeridi y todas las demás personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.”
Aunque se cometan actos de vandalismo y saqueo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcional al objetivo perseguido. Nada autoriza a las fuerzas de seguridad a hacer uso innecesario y excesivo de la fuerza, aunque sea para responder a actos esporádicos de violencia.
Amna Guellali
El 18 de enero, la policía disolvió una protesta pacífica en solidaridad con los manifestantes y contra la violencia policial en el centro de Túnez capital. Según dos participantes entrevistados por Amnistía Internacional, la policía atacó a los manifestantes pacíficos con porras y gas lacrimógeno para disolver la concentración; además, detuvo al activista de derechos humanos Hamza Nassri Jeridi, que estaba protestando pacíficamente, y se lo llevó a la jefatura de policía de Túnez para interrogarlo.
Se difundieron imágenes alarmantes por Internet en las que se veía a agentes de policía golpeando y arrastrando a las personas capturadas. Testigos presenciales difundieron testimonios con la intención de mostrar los malos tratos bajo custodia policial en las comisarías y el uso de fuerza ilegítima.
“Las fuerzas de seguridad tunecinas deben respetar los derechos de todas las personas bajo su custodia, en todas las circunstancias y con independencia del motivo de la detención. Con arreglo la legislación tunecina y al derecho internacional de los derechos humanos, toda persona puesta bajo custodia tiene derecho a no sufrir tortura u otros malos tratos, a contactar con familiares y representación letrada, y a recibir asistencia médica. Aunque la policía esté facultada para detener a personas por actos de violencia concretos, debe hacerlo de conformidad con las normas de derechos humanos y respetando el debido proceso”, ha manifestado Amna Guellali.
Las protestas comenzaron en Siliana, a 130 kilómetros de Túnez capital, y se extendieron a otras gobernaciones el viernes tras la publicación de un vídeo en redes sociales donde se veía a un agente de policía reprendiendo violentamente a un pastor porque su rebaño había entrado en el recinto de una sede gubernamental local.
Las autoridades impusieron un confinamiento nacional durante cuatro días, del 14 al 17 de enero, con toque de queda a las cuatro de la tarde, en respuesta a un repunte de los contagios de COVID-19.
Amnistía Internacional pide a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida la fiscalía, que tome medidas inmediatas para evitar en lo posible detener a manifestantes, liberando a todas las personas detenidas arbitrariamente y poniendo en libertad provisional a las que probablemente se enfrenten a cargos al existir indicios claros de un delito reconocible. Las autoridades deben tener en cuenta el grave riesgo que representa la COVID-19 en los centros de detención, donde las condiciones higiénicas son precarias y es prácticamente imposible guardar la distancia física.