Especialistas en armamento de Amnistía Internacional han identificado armas de fabricación serbia en vídeos publicados por grupos armados que actúan en el Sahel, incluido un grupo afiliado del autodenominado Estado Islámico que ha reivindicado la autoría de cientos de muertes de civiles. Los nuevos fusiles, algunos de los cuales son los últimos modelos disponibles, coinciden con registros de ventas de Serbia a Burkina Faso, lo que parece indicar que las armas fueron vendidas recientemente al gobierno burkinés antes de caer en manos de grupos armados.
El análisis de los datos sobre transacciones comerciales realizado por Amnistía Internacional también indica que Republica Checa, Francia y Eslovaquia han exportado grandes cantidades de armas pequeñas y armas ligeras a gobiernos del Sahel desde que estallaron los enfrentamientos generalizados.
Cuando Serbia hizo la última transferencia de armas registrada a Burkina Faso en 2020, la violencia entre grupos armados ya estaba en una fase muy avanzada.
Patrick Wilcken, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos
Desde 2011, Malí se enfrenta a un movimiento de insurgencia liderado por diversos grupos armados, entre ellos el Estado Islámico del Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes —Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), afiliado de Al Qaeda—, y el conflicto se ha extendido a Burkina Faso y Níger. Los grupos armados han perpetrado múltiples ataques contra la población civil y una crisis humanitaria se está apoderando de la región a toda velocidad. Serbia, Republica Checa, Francia y Eslovaquia han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe transferir armas si hay riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos, lo que incluye el riesgo de que las armas vendidas a los gobiernos se desvíen de manera ilícita a manos de perpetradores de violaciones de derechos humanos.
“El conflicto del Sahel se caracteriza por graves violaciones de derechos humanos cometidas por todos los bandos, incluidas masacres de civiles a manos de incontables grupos armados. Más de un millón de personas han tenido que desplazarse en la región y la crisis humanitaria se está convirtiendo por momentos en una de las peores del mundo”, ha afirmado Patrick Wilcken, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos.
“En este contexto cada vez más alarmante, los Estados deben actuar con la máxima precaución a la hora de considerar transferencias de armas al Sahel. No sólo existe un peligro inaceptablemente grande de que sean desviadas a grupos armados, sino que además los ejércitos y fuerzas policiales nacionales de la región tienen historiales pésimos en materia de derechos humanos. Ante la celebración de la conferencia anual del Tratado sobre el Comercio de Armas la semana que viene, pedimos a todos los Estados que cumplan sus obligaciones y se abstengan de realizar transferencias de armas que podrían fomentar la comisión de violaciones de derechos humanos.”
Credit: MENASTREAM
On 30 August, delegates from 110 countries will meet in Geneva for the Seventh Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty. The ATT prohibits exports of arms where there is an overriding risk they will be used to commit or facilitate genocide, crimes against humanity, war crimes and serious human rights violations. This includes the risk that weapons sold to governments will be illicitly diverted to human rights violators.
Un conflicto que va a peor
La situación en toda la zona central del Sahel es cada vez más inestable y los grupos armados han proliferado en el contexto de un conflicto multifacético y brutal. De 2017 a 2021 se recibieron informes sobre más de 6.000 muertes de civiles en Burkina Faso, Malí y Níger, según datos de la ONG Armed Conflict Location Event Database (ACLED). Más de 1.200.000 personas de Burkina Faso se han visto desplazadas desde 2016, según el ACNUR.
En junio de 2021, hombres armados sin identificar perpetraron el peor ataque a la población civil que se ha visto hasta ahora en el conflicto, matando a 130 civiles en el pueblo burkinés de Solhan. El grupo ISGS ha reivindicado la autoría de múltiples ataques a civiles en 2021, incluido uno perpetrado el 21 de marzo que acabó con la vida de 137 personas en varios lugares de Níger.
Los grupos “de autodefensa” establecidos en oposición al JNIM y al ISGS también han cometido matanzas de civiles, lo que ha generado un círculo vicioso de represalias. En marzo de 2020, uno de estos grupos “de autodefensa”, llamado Koglweogo, lanzó una serie de ataques atroces contra pueblos burkineses que dejaron al menos 43 víctimas mortales. Un mes antes, la milicia étnica armada Dan na Ambassagou había matado a 32 residentes del pueblo de Ogossagou, en Malí.
Armas serbias en manos de combatientes
Amnistía Internacional recopiló y analizó más de 400 materiales digitales de Burkina Faso y Malí, entre ellos fotos y vídeos verificados que habían sido publicados en redes sociales por miembros de grupos armados entre enero de 2018 y mayo de 2021. En las imágenes se ven arsenales de armas y combatientes de diferentes grupos armados y fuerzas estatales auxiliares, como ISGS, JNIM, Dozos, Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP), Koglweogo y Dan na Ambassagou, tanto en Malí como en Burkina Faso.
Aunque la mayoría de las armas visibles eran tradicionales kalashnikov de origen soviético, con muchas décadas de antigüedad, Amnistía identificó 12 casos en que los combatientes portaban armas más recientes fabricadas por la empresa serbia Zastava. Entre ellas había ametralladoras pesadas M02 Coyote y fusiles M92 y M05, incluidos los modelos M05E3 más modernos, que no estaban disponibles antes de que estallaran los enfrentamientos en el norte de Malí en 2011.
Aunque no fue posible trazar con precisión la cadena de custodia, es probable que estas armas se desviaran a los grupos armados por canales ilícitos o mediante su captura en el campo de batalla.
En sus informes anuales del Tratado sobre el Comercio de Armas, Serbia indicó que, de 2015 a 2020, había transferido un total de 20.811 fusiles y carabinas, 4.000 fusiles de asalto, 600 revólveres y pistolas automáticas y 290 ametralladoras a Burkina Faso.
El Tratado sobre el Comercio de Armas obliga a los Estados Partes a evaluar el riesgo de desviación de las armas incluidas en el Tratado, especialmente las armas pequeñas y armas ligeras que se esconden y transportan con facilidad. Cuando existe un riesgo considerable de que las armas sean desviadas a usuarios finales que van a usarlas para cometer o facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos, su exportación no debe autorizarse.
“Cuando Serbia hizo la última transferencia de armas registrada a Burkina Faso en 2020, la violencia entre grupos armados ya estaba en una fase muy avanzada. De haber evaluado debidamente los riesgos, habría podido concluir que las ventas de armas a Burkina Faso probablemente contribuirían a la comisión de violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Patrick Wilcken.
Todo armamento vendido a gobiernos de la región del Sahel corre el riesgo de caer en manos de brutales grupos armados y avivar el conflicto.
Patrick Wilcken
Otras armas europeas
Según datos oficiales del informe anual de la UE, los Estados de la UE han concedido 506 licencias, por valor de 205 millones de euros, para exportar material militar a Malí y Burkina Faso.
Eslovaquia ha comunicado transferencias a Malí de 1.000 armas de asalto, 2.460 fusiles y carabinas, 550 ametralladoras, 680 pistolas y revólveres, y 750 metralletas; República Checa, de 3.500 fusiles de asalto y 10 metralletas a Burkina Faso; y Francia, de 1.164 pistolas y revólveres automáticos, 4 fusiles y carabinas y 13 vehículos blindados de combate a Malí.
“Las armas serbias que hemos identificado son la prueba más reciente de que todo armamento vendido a gobiernos de la región del Sahel corre el riesgo de caer en manos de brutales grupos armados y avivar un conflicto cada vez más grave”, ha dicho Patrick Wilcken.
“Ante el progresivo deterioro de la situación en todo el Sahel, todos los Estados exportadores deben adoptar salvaguardias estrictas que impidan que las armas sean desviadas a grupos armados o utilizadas por fuerzas armadas para cometer violaciones de derechos humanos. Si no pueden adoptarse tales salvaguardias, no deberían transferirse las armas. Por su parte, Estados importadores deben adoptar medidas enérgicas contra la venta ilegal de armas y garantizar que los arsenales son seguros.”