Ante la noticia de que un tribunal filipino ha desestimado la última acusación fabricada contra la exsenadora filipina y defensora de los derechos humanos Leila de Lima, la directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, Montse Ferrer, ha declarado:
“Esto representa, por fin, la libertad total y la vindicación de la defensora de los derechos humanos Leila de Lima después de casi siete años de detención arbitraria, así como de una implacable persecución política”.
“La absolución de Leila de Lima en esta última causa pendiente debería haberse producido hace mucho tiempo, y cada día que estuvo en prisión hasta su excarcelación temporal en noviembre de 2023 fue una gran injusticia. La administración del expresidente Duterte la atacó brutalmente únicamente por sus esfuerzos por denunciar violaciones de los derechos humanos en la llamada ‘guerra contra las drogas’. La desestimación hoy de la última acusación relacionada con las drogas que quedaba en su contra es un claro rechazo a los esfuerzos concertados del gobierno para silenciarla y socavar su labor de derechos humanos”.
“Ahora que de Lima recupera plenamente su libertad, instamos a la administración de la presidenta Marcos a que trabaje para garantizar un entorno propicio para ella y para muchos otros defensores y defensoras de los derechos humanos en Filipinas que continúan siendo blanco de ataques debido a su trabajo crítico”.
“También instamos a la administración Marcos a que investigue de manera imparcial y efectiva a los responsables de las acusaciones infundadas contra de Lima que llevaron a su detención arbitraria y a las demás violaciones de derechos humanos que ha soportado, y continúa soportando, y a que los lleve ante la justicia en juicios justos”.
“El gobierno debe trabajar para lograr lo que de Lima, Amnistía Internacional y muchos otros defensores y defensoras de los derechos humanos vienen reclamando incansablemente: el fin de los continuos homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos en la ‘guerra contra las drogas’, que los perpetradores rindan cuentas de sus actos y que se haga justicia para las miles de víctimas y sus familias”.
Información complementaria
El 24 de junio, la Sala 206 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Muntinlupa absolvió a la exsenadora y defensora de los derechos humanos Leila de Lima de la tercera y última acusación de conspiración para cometer narcotráfico. En su decisión, el juez Gener Gito concedió la solicitud de Lima que técnicamente pedía la desestimación del caso.
El 13 de noviembre de 2023, el mismo tribunal había ordenado la libertad temporal de Leila de Lima al estimar su solicitud de libertad bajo fianza en el mismo caso con una fianza de 300.000 pesos filipinos (5.349 dólares estadounidenses). De Lima se ha enfrentado a un total de tres cargos relacionados con drogas, dos de los cuales fueron desestimados por sendos tribunales, uno en 2021 y otro en 2023.
Antes de su libertad bajo fianza en 2023, permaneció recluida en la jefatura de la Policía Nacional de Filipinas desde su detención, el 24 de febrero de 2017, por cargos relacionados con drogas.
Las autoridades detuvieron a de Lima después de que ésta hubiera intentado investigar los abusos perpetrados en el marco de la llamada “guerra contra las drogas” durante la administración del expresidente Duterte, entre 2016 y 2022, que incluían la ejecución extrajudicial de miles de personas como presuntas consumidoras o traficantes de drogas, que, Amnistía afirma, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Como en el caso de Leila de Lima, no ha habido apenas justicia para las víctimas de estos abusos y sus familias, ni se han exigido cuentas a quienes los perpetraron.
Las actuaciones judiciales contra de Lima de los últimos seis años se caracterizaron por demoras indebidas como la incomparecencia reiterada ante el tribunal de testigos de la acusación, algunos de los cuales dijeron que habían sido coaccionados y amenazados por exfuncionarios del gobierno para hacer acusaciones falsas en su contra, y cambios en los miembros de la judicatura que juzgaban las causas abiertas contra ella. En 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Leila de Lima era arbitraria porque carecía de base jurídica y no se respetaban las normas internacionales relativas el derecho a un juicio justo. Amnistía Internacional la había reconocido como presa de conciencia, encarcelada únicamente por su legítima labor de defensa de los derechos humanos.
La persecución política de Leila de Lima es un reflejo del contexto general de impunidad creciente por violaciones de derechos humanos en el país, incluidos asesinatos, amenazas y hostigamiento de activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de los medios de comunicación y otros grupos afectados.