En respuesta al anuncio de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado una orden de arresto contra el alto mando del ejército de Myanmar Min Aung Hlaing por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de rohinyás cometidos tanto en Myanmar como en Bangladesh, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El anuncio hecho hoy por el fiscal de la CPI es un paso decisivo y una importante señal, tanto para Myanmar como para el resto del mundo, de que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional serán buscados para que se enfrenten a detención y juicio, por muy poderosos que sean o por mucho tiempo que hayan eludido el escrutinio”.
“Hay que romper ya el círculo de impunidad en Myanmar. Ningún alto cargo ha rendido nunca cuentas de las atrocidades cometidas contra los miembros de la población rohinyá que han perdido la vida, su hogar y toda su comunidad, y siguen sufriendo múltiples crímenes. Mientras no se rindan cuentas, se cometerán más violaciones de derechos humanos. Min Aung Hlaing ha ocupado un lugar central en múltiples catástrofes de derechos humanos en Myanmar. En 2016 y 2017 supervisó violentas operaciones contra los rohinyás, y más tarde encabezó el golpe de Estado de 2021, que ha provocado la muerte de casi 6.000 civiles y sumió a Myanmar en un caos económico, político y social.”
“Aunque la orden de arresto solicitada en este caso se refiere a la crisis de 2017, la población rohinyá sigue sufriendo persecución y viéndose obligada a trasladarse a Bangladesh desde Myanmar. Este año ha sido el más violento contra la comunidad desde 2017, y hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás han muerto en bombardeos o ahogados al verse atrapados en el conflicto armado entre el ejército de Myanmar y los rebeldes del Ejército de Arakán.”
“Si se dicta la orden de arresto, Min Aung Hlaing debería ser detenido de inmediato y entregado a la Corte Penal Internacional para ser juzgado. Mientras tanto, puede hacerse más para aprovechar este impulso y pedir que se rindan cuentas para la comunidad rohinyá y todos los pueblos de Myanmar. Para empezar, el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir toda la situación en el país a la Corte Penal Internacional.”
Información complementaria
En su declaración, el fiscal de la CPI dijo que esta es la primera solicitud de una orden de arresto contra un alto mando del ejército de Myanmar, pero que habrá más.
La Fiscalía de la CPI afirma que los crímenes se cometieron en un periodo de cuatro meses, entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017.
Desde agosto de 2017, el ejército de Myanmar obligó a más de 740.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás a trasladarse a Bangladesh, en una campaña que Amnistía Internacional declaró en aquel entonces que constituía crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
En un informe publicado en 2018, Amnistía identificó a 13 personas contra las que la organización había reunido pruebas abundantes y fidedignas de responsabilidad, ya fuera directa o de cadena de mando, por crímenes de lesa humanidad. Min Aung Hlaing ocupaba el primer lugar de esa lista.
Amnistía Internacional también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita toda la situación de Myanmar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que pueda llevarse a cabo una investigación de todos los crímenes cometidos en Myanmar.