En respuesta a la noticia de que más de 170 personas condenadas a muerte han sido trasladadas a la prisión de Angenga (República Democrática del Congo) para ser ejecutadas, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Sarah Jackson, ha declarado:
“El anuncio de estos traslados de prisión es absolutamente atroz. Tememos que las autoridades lleven a cabo, de manera inminente, ejecuciones masivas, sin que exista información fiable sobre la condición de las personas condenadas a muerte˝.
“El presidente Felix Tshisekedi debe detener de inmediato, de manera pública e inequívoca, las ejecuciones previstas en la prisión de Angenga o en cualquier otro lugar. El Parlamento debe aprobar una moratoria de las ejecuciones, como paso previo a la abolición total de la pena de muerte.″
‶Tememos que las autoridades lleven a cabo, de manera inminente, ejecuciones masivas, sin que exista información fiable sobre la condición de las personas condenadas a muerte.˝
Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Las autoridades deben detener los traslados masivos a prisiones remotas, como la de Angenga, en las que ya han muerto en el pasado decenas de personas de hambre y de enfermedades. Cuando se traslada a una persona fuera de su zona, es preciso llevarla a un centro al que puedan llegar con facilidad sus representantes legales, su familia y las organizaciones de derechos humanos, y se debe informar a todas esas partes de su paradero.”
Información complementaria
El pasado 5 de enero, el ministro de Justicia de República Democrática del Congo, Constant Mutamba, anunció que más de 170 personas, supuestamente vinculadas a las bandas criminales conocidas como “kulana” o “bandidos”, habían sido trasladadas de la capital, Kinshasa, a la prisión de Angenga, en el noroeste del país, para su ejecución.
El ministro comunicó que las personas trasladadas a Angenga tenían entre 18 y 35 años de edad y habían estado implicadas en actos de violencia urbana. Las autoridades han afirmado que la reanudación de las ejecuciones ayudará a combatir a las bandas urbanas, afirmación que no está avalada por ninguna evidencia.
“El presidente Felix Tshisekedi debe detener de inmediato, de manera pública e inequívoca, las ejecuciones previstas en la prisión de Angenga o en cualquier otro lugar.
Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
Mutamba había amenazado ya con detener, declarar culpable y condenar a muerte —incluso antes de ningún juicio— a cualquier persona presuntamente vinculada a las bandas criminales.
En marzo de 2024, el gobierno de la República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones tras un paréntesis de 20 años. Desde entonces, se han disparado las condenas a muerte impuestas por tribunales militares. Dichas condenas se dictan con frecuencia tras juicios sin las debidas garantías contra miembros de bandas criminales y grupos armados, entre otras personas.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos.