El 13 de septiembre, me desperté en el suroeste de Turquía con la noticia de una operación en gran escala dirigida contra organizaciones LGBTI y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el país. Desde entonces, la policía ha detenido al menos a 116 personas en 15 provincias tras redadas en domicilios, recintos y oficinas de organizaciones de defensa de los derechos LGBTI. Al menos 83 personas han sido puestas en prisión preventiva y se han abierto investigaciones penales contra más de 160. Las organizaciones de defensa de los derechos LGBTI han informado sobre denuncias de registros corporales intrusivos sin ropa, insultos y humillaciones, así como reclusión en régimen de aislamiento de personas que defienden los derechos humanos; esta reclusión viola los derechos de estas personas. Hasta ahora se han bloqueado o restringido centenares de cuentas de redes sociales pertenecientes a activistas y organizaciones LGBTI, periodistas, medios de comunicación y otros, además de varios sitios web. Una de las afectadas es la cuenta en X de Amnistía Internacional Turquía.
A medida que crecen las protestas en Turquía y se intensifica la condena internacional, queda claro que las autoridades turcas tienen toda la intención de intensificar la represión.
Milena Buyum, Amnistía Internacional
Las autoridades han dado a esta operación el nombre de “Ailem Güvende” (“Mi familia está a salvo”), bajo el falso pretexto de “proteger a la familia”. Sin embargo, tal como señalan correctamente activistas LGBTI y muchas otras personas, en Turquía las familias sufren pobreza, inseguridad y una represión cada vez mayor de sus derechos civiles y políticos, mientras que la violencia contra las mujeres y las niñas es práctica generalizada, incluso dentro de sus hogares. Lejos de proteger a nadie, el objetivo de esta amplia represión no es en absoluto proteger a las familias, sino dañar y estigmatizar aún más a personas que llevan decenios luchando contra la discriminación y la intimidación.
A medida que crecen las protestas en Turquía y se intensifica la condena internacional, queda claro que las autoridades turcas tienen toda la intención de intensificar la represión. El Ministerio de Justicia ha enviado a 175 fiscales generales de las 81 provincias de Turquía una circular en la que especifica las actividades y el contenido que, en su opinión, son contrarios a la “moral pública” y perjudiciales para las familias, la infancia y la juventud. En ella se dan instrucciones a las fiscalías para que evalúen sin demora los informes y denuncias, tomen medidas inmediatas de investigación, preserven las pruebas digitales y, si es necesario, actúen para que se elimine o bloquee contenido online por imprecisos motivos de “obscenidad”.
Según los informes, la policía utilizó pulverizador de pimienta contra manifestantes pacíficos en Esmirna y, al parecer, más de un centenar de personas fueron detenidas cuando estaban congregadas pacíficamente ante el Juzgado de Estambul en Çağlayan. Ahora que se esperan protestas en todo el país para los próximos días y semanas, se teme que se produzcan más detenciones.
La represión forma parte de un ataque en curso más amplio contra los derechos de las personas LGBTI y de quienes los defienden. Desde 2015 se han prohibido desfiles del Orgullo, incluido el de Estambul. En los últimos dos años se han filtrado repetidamente al dominio público propuestas de introducir penas para tipificar como delito la expresión de identidades LGBTI o la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Esas propuestas se retiraron tras una enorme indignación pública y resistencia de la sociedad civil. Aunque estas iniciativas gubernamentales para legislar fracasaron, la operación “Mi familia está a salvo” es un intento más de excluir a las personas LGBTI.
En julio se cumplió el décimo aniversario del intento fallido de golpe de Estado que dio lugar a disposiciones de estado de excepción que estuvieron vigentes dos años. Estas disposiciones se convirtieron en un conjunto de legislación represiva dirigida contra la sociedad civil, en un contexto en el que se eliminó la independencia del poder judicial, se utilizaron como arma los tribunales nacionales, se ignoraron los tribunales internacionales y se pisotearon los tratados y las normas internacionales. Durante los últimos diez años, Turquía ha sufrido un régimen autoritario constante que ha hecho una hoguera con los derechos y ha afectado a todos los aspectos de la sociedad turca, silenciando la disidencia, incitando a la división y difundiendo el miedo.
Miles de personas en el país se han visto afectadas por procesamientos y condenas sin fundamento, pero ha habido varios casos emblemáticos. El preso de conciencia Osman Kavala permanece en prisión pese a dos sentencias vinculantes dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 2019 y 2026) que ordenaban su liberación y pese a los procedimientos de infracción iniciados por el Consejo de Europa contra Turquía en 2022. Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, exdirigentes del Partido Democrático del Pueblo, también permanecen en prisión a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenan su libertad inmediata. Taner Kılıç, presidente honorario de Amnistía Turquía, fue juzgado junto a İdil Eser, exdirectora de la Sección Turca de la organización, y otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos —los llamados “Diez de Estambul”— por cargos infundados de “pertenencia a una organización terrorista”. Todos ellos fueron finalmente absueltos; la absolución de Taner Kılıç se produjo casi ocho años después de permanecer encarcelado durante más de 14 meses en 2017.
Los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión han sido blanco de un ataque constante, con restricciones arbitrarias y prohibiciones generales. La policía ha sometido a violencia a personas que se manifestaban pacíficamente y, al parecer, las ha torturado bajo custodia.
También se han prohibido marchas del Día Internacional de la Mujer en un momento en el que los derechos de las mujeres y las niñas sufren una grave erosión. En 2021, Turquía se retiró del Convenio de Estambul, el tratado histórico sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Con este paso, Turquía no sólo se convirtió en el primer miembro del Consejo de Europa que se retira de un tratado internacional de derechos humanos, sino que eliminó salvaguardias clave en un país en el que la violencia de género es generalizada.
Es hora de alzarnos contra la represión de las personas LGBTI en Turquía.
Milena Buyum, Amnistía Internacional
Diez años después del fallido intento de golpe de Estado, la distancia que Turquía ha recorrido a lo largo de la senda del autoritarismo es más que evidente, pero esta trayectoria aún se puede revertir. Debe ponerse fin de inmediato a los ataques contra comunidades LGBTI, y las autoridades turcas deben garantizar la liberación inmediata de todas las personas detenidas exclusivamente por su labor de derechos humanos. Debe permitirse a las personas y asociaciones que defienden los derechos LGBTI actuar y realizar su trabajo crucial sin discriminación, criminalización, intimidación ni represalias.
El viernes, la gente salió a las calles en más de 50 ciudades de todo el mundo para pedir el fin de la represión. Es hora de unirse para hacer frente a la represión de las personas LGBTI en Turquía, alzar nuestra voz y dar aún más visibilidad a nuestra solidaridad. Los y las dirigentes de todo el mundo deben condenar públicamente la represión, exponer su preocupación ante las más altas instancias del gobierno turco y prestar apoyo a organizaciones y personas que defienden los derechos LGBTI. Debemos unir nuestras voces para exigir la marcha atrás de esta crisis de derechos humanos cada vez más profunda.
Milena Buyum es directora de campañas sobre Europa de Amnistía Internacional