Mientras los ciudadanos y ciudadanas de Zimbabue se preparan para votar en las elecciones nacionales que se celebrarán el 29 de marzo, Amnistía Internacional ha alertado hoy de que se están imponiendo restricciones innecesarias a la libertad de expresión, asociación y reunión antes de la fecha de los comicios.
“Aunque, en comparación con elecciones anteriores, los partidos de la oposición parecen tener mayor acceso a zonas rurales que en el pasado eran consideradas ‘áreas de acceso prohibido’, seguimos recibiendo informes de intimidación, hostigamiento y violencia contra personas consideradas partidarias de los candidatos de la oposición, muchas de las cuales, en las áreas rurales, tienen miedo de sufrir represalias después de las elecciones” -ha afirmado Simeon Mawanza-, investigador de Amnistía Internacional sobre Zimbabue, que acaba de regresar de este país.
El 7 de marzo, tres miembros de la facción liderada por Morgan Tsvangirai del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) estaban colocando carteles electorales en Bulawayo cuando miembros de la Organización Central de Inteligencia les ordenaron que los quitaran. Los agentes obligaron a uno de los integrantes del grupo a masticar los carteles y a tragárselos; después obligaron a una mujer a comerse tres cuartas partes de un cartel. Finalmente, los agentes los dejaron marchar porque tenían que dirigirse a un mitin político.
“En algunas partes del país la policía está imponiendo claramente restricciones innecesarias a las actividades de los miembros de partidos de la oposición, mientras permite a los partidarios del partido gobernante disfrutar plenamente de sus derechos”, ha dicho Mawanza.
El 10 de marzo, o en fechas cercanas, cinco personas encargadas del equipo de sonido en un mitin pronunciado por el doctor Simba Makoni, candidato presidencial independiente, permanecieron detenidas brevemente en la comisaría de Plumtree. Después de la intervención del candidato quedaron en libertad sin cargos.
Amnistía Internacional ha afirmado que funcionarios del partido gobernante siguen utilizando los alimentos como herramienta política en muchas áreas rurales. Así, las personas a las que se considera partidarias de candidatos y partidos políticos de oposición siguen sufriendo discriminación, sobre todo en el acceso al maíz a precio más bajo que vende la Junta de Comercialización de Cereales controlada por el Estado, un organismo que controla las reservas estratégicas de cereales del país.
El mes pasado, un alto funcionario del partido gobernante y varios veteranos de guerra al parecer impidieron a un concejal del MDC (de la facción liderada por Tsvangirai) del distrito de Lupane recoger 235 sacos de maíz que su comunidad había comprado a la Junta de Comercialización de Cereales. Según los informes, el alto funcionario dijo a los funcionarios de la Junta que “el maíz de la Junta no debe distribuirse a los partidarios del MDC”.
Aunque la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad se enmendaron en enero de 2008, aparentemente para proteger los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión, las restricciones siguen existiendo. Al parecer la policía también sigue aplicando disposiciones de la antigua Ley de Orden Público y Seguridad.
“La aplicación de la Ley de Orden Público y Seguridad viene motivada por el deseo de frustrar las actividades de personas consideradas opositores políticos” -ha afirmado Mawanza-. “Las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo su labor bajo la vigilancia constante de las organizaciones de seguridad del Estado, incluida la policía. Entre otros métodos empleados, agentes de los servicios de información asisten a las reuniones y realizan visitas a las oficinas de las organizaciones para interrogar al personal y a sus invitados. Este tipo de hostigamiento e intimidación hace que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos sea extremadamente difícil en este momento”.
El 21 de marzo, la policía detuvo brevemente a ocho miembros de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) en el barrio de Pumula, en Bulawayo, cuando colocaban carteles en los que se llamaba a la población a votar. Las ocho mujeres fueron llevadas a la comisaría de Pulula; allí las interrogaron durante unos 30 minutos antes de ponerlas en libertad sin cargos.
Las organizaciones de la sociedad civil, así como los partidos y candidatos de la oposición también tienen dificultades para acceder a las emisoras de radio y televisión controladas por el Estado. En la actualidad, en Zimbabue no existen diarios de propiedad privada, y no se ha concedido licencia a ninguna emisora de radio privada.
Amnistía Internacional ha instado a la policía de Zimbabue a respetar los derechos a la libertad de asociación y reunión pacíficas de todos los candidatos y organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo su labor legítima, durante y después del periodo electoral.
“La policía debe garantizar que todos los ciudadanos de Zimbabue pueden participar en protestas pacíficas antes y durante las elecciones, y debe abstenerse de utilizar fuerza excesiva, tortura u otros tratos inhumanos y degradantes” -ha dicho Mawanza-. “La policía también debe investigar todas las denuncias de violencia e intimidación y llevar a los responsables ante la justicia”.
Amnistía Internacional también ha pedido a los responsables de los organismos de seguridad que se abstengan de realizar comentarios que puedan exacerbar la violencia electoral.
Las declaraciones realizadas recientemente por algunas autoridades, entre ellas el director general de la policía, el director de los servicios penitenciarios y el jefe de las fuerzas armadas, afirmando que si un candidato de la oposición vence en las elecciones no lo reconocerán, ha aumentando la preocupación entre la población.
“Todas las autoridades de seguridad deben actuar con imparcialidad y proteger los derechos de todos los ciudadanos”, -ha dicho Mawanza -. “La conducta de las agencias de seguridad del Estado, con independencia del resultado de las elecciones, será fundamental para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Zimbabue en el periodo posterior a las elecciones”.