1. ¿Qué pasará el lunes 14 de julio? El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, presentará a los jueces de la Corte pruebas de crímenes presuntamente cometidos en Darfur los últimos cinco años, y les pedirá que dicten una o más órdenes de detención contra la persona o personas presuntamente responsables de estos crímenes.
En junio de 2008, el fiscal de la CPI dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Las pruebas demuestran que la comisión de tales crímenes y a tal escala durante un periodo de cinco años y en todo Darfur ha exigido la movilización sostenida de todo el aparato del Estado sudanés”. Basándose en estas palabras, se supone que las órdenes de detención solicitadas afecten a altos funcionarios sudaneses.
2. ¿Qué pasará después? Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 examinarán la solicitud de órdenes de detención del fiscal y tendrán que decidir si hay “motivo razonable para creer” que la persona o personas mencionadas en la solicitud del fiscal han cometido un crimen que está bajo la jurisdicción de la Corte. Si los jueces concluyen que la detención de estas personas parece necesaria para garantizar su comparecencia ante el tribunal o garantizar que no obstruyen o hacen peligrar las investigaciones, o evitar que continúen cometiendo crímenes, pueden dictar órdenes de detención.
En casos anteriores, los jueces se han tomado entre uno y tres meses para decidir si dictar órdenes de detención.
3. ¿Qué pasará si se dictan una o varias órdenes de detención? El gobierno de Sudán tiene la obligación legal de detener y entregar a la CPI a cualquier persona contra la que se dicte una orden de detención. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso al gobierno sudanés y al resto de las partes en el conflicto de Darfur la obligación legal de “cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria” (Resolución (Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Recientemente, en su declaración del 16 de junio de 2008, el presidente del Consejo de Seguridad instó al gobierno de Sudán y al resto de las partes en el conflicto de Darfur a cooperar plenamente con la Corte para poner fin a la impunidad de los crímenes perpetrados en Darfur.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó asimismo a todos los Estados, a las organizaciones regionales afectadas y a otras organizaciones internacionales a cooperar plenamente con la CPI (resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Además, los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI tienen la obligación, en virtud de éste, de detener y entregar a las personas cuyos nombres figuran en las órdenes de detención.
4. ¿Por qué la CPI sólo se ocupa del gobierno de Sudán y no de los grupos armados? En diciembre de 2007, el fiscal de la CPI informó al Consejo de Seguridad de la ONU que su Oficina estaba recopilando información sobre el atentado de Haskanita (de octubre de 2007, en el que murieron 10 integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz africanas), atribuido a grupos armados.
5. ¿Qué consecuencias tendrán sobre el terreno estas acusaciones? La petición de que se dicte acta de acusación formal contra altos funcionarios sudaneses podría tener repercusiones en varios frentes. En primer lugar, podría tener consecuencias adversas en el despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz UNAMID, tanto en la actualidad como en el futuro, y en su capacidad de proteger a la población civil de Darfur. En segundo lugar, podría comprometer aún más la entrega de ayuda humanitaria y la capacidad de las organizaciones de ayuda para operar en la región. En tercer lugar, podría causar una nueva imposición de medidas restrictivas contra la libertad de expresión en el país, en concreto contra la prensa y los medios de comunicación sudaneses, a fin de impedir que se informe a la opinión pública de la decisión del fiscal.
6. ¿Acoge Amnistía Internacional con satisfacción esta nueva causa de la CPI? Amnistía Internacional no se pronuncia sobre las acusaciones del fiscal ni sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Amnistía Internacional subraya que ninguna persona, independientemente de su condición, incluidos los jefes de Estado, tiene inmunidad frente a crímenes contra el derecho internacional. En el pasado se ha dictado acta de acusación formal por crímenes contra el derecho internacional contra dos personas que ocupaban la jefatura del Estado.
El presidente yugoslavo Slobodan Milosevic fue el primer jefe del Estado acusado de crímenes contra el derecho internacional, en mayo de 1999. Por entonces, Amnistía Internacional subrayó que la decisión de dictar acta de acusación contra Milosevic no debía tener un efecto adverso sobre las negociaciones de paz con las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia.
El acta de acusación formal contra el presidente de Liberia Charles Taylor, dictada por el Tribunal Especial para Sierra Leona, dejó de tener carácter secreto la mañana en que estaba previsto el comienzo de las conversaciones encaminadas a la resolución del conflicto armado interno de Liberia, en junio de 2003.
7. ¿Qué otras medidas tomará Amnistía Internacional? En el momento en que la Corte dicte las órdenes de detención que ha solicitado el fiscal, Amnistía Internacional hará campaña en favor del cumplimiento de dichas órdenes, independientemente de las personas a las que afecten y de los cargos que se les imputen.
Información complementaria El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que la situación de Sudán constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1593, remitiendo “la situación en Darfur desde el 1º de julio de 2002” al Fiscal de la Corte Penal Internacional, que inició una investigación sobre dicha situación el 1 de junio de 2005.
Amnistía Internacional ya hace campaña en favor de la ejecución de otras órdenes de detención dictadas por la CPI. La organización pide la detención y la entrega del ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y del dirigente de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, y contra quienes la CPI dictó órdenes de detención en abril de 2007. Amnistía Internacional también hace campaña en favor de la detención y la entrega a la Corte de los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en el norte de Uganda, y contra quienes la CPI dictó órdenes de detención en julio de 2005.
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