Apenas se ha progresado en la investigación del naufragio del Adriana, un arrastrero sobrecargado de personas que se hundió frente a la costa de Pylos, Grecia, el 14 de junio de 2023. Así lo han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Se calcula que en el barco viajaban 750 personas, principalmente de Siria, Pakistán y Egipto. Sólo sobrevivieren 104; se recuperaron 82 cadáveres, pero únicamente se identificó a 58. Más de 500 personas continúan desaparecidas. La investigación abierta en junio de 2023 por un Tribunal Naval griego sobre la posible responsabilidad de la guardia costera helena aún sigue en sus etapas iniciales.
En el primer aniversario de la tragedia, Judith Sunderland, directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, ha declarado:
“Es inconcebible que un año después de esta terrible tragedia la investigación sobre la posible responsabilidad de la guardia costera griega apenas haya progresado. Tenemos que ver un proceso creíble de rendición de cuentas y el fin del círculo de violencia e impunidad en las fronteras griegas”.
Adriana Tidona, investigadora sobre Migración de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Cientos de familias se han quedado en el limbo, esperando la verdad sobre la suerte de sus seres queridos. Las autoridades griegas deben avanzar en sus investigaciones sobre la posible responsabilidad de la guardia costera en este incidente para finalmente administrar justicia y que todas las personas afectadas puedan pasar página”.
El 13 de junio de 2023, las autoridades griegas recibieron una alerta que avisaba de que en su región de búsqueda y salvamento había un arrastrero sobrecargado de personas, el Adriana; el barco se hundió 15 horas después. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros informaron de que las autoridades de Grecia habían cometido fallos en las horas que precedieron al naufragio, y hubo graves acusaciones de que un barco patrulla de la guardia costera griega provocó que el arrastrero volcara al intentar remolcarlo.
Al proceso ante el Tribunal Naval griego se unieron organizaciones no gubernamentales que presentaron una denuncia en nombre de 53 supervivientes, en la que acusaban a las autoridades griegas de ser responsables del naufragio. Supervivientes y familiares se han quedado en el limbo, mientras se calcula que más de 500 personas continúan desaparecidas.
El 21 de mayo, el tribunal de lo penal de Kalamata desestimó una causa contra nueve supervivientes a quienes se acusaba, entre otros cargos graves, de tráfico de personas y de causar el naufragio, y que en el momento del juicio llevaban 11 meses bajo custodia. Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían expresado su preocupación por la imparcialidad del juicio, diciendo que la causa se basaba en pruebas incompletas y cuestionables, ya que la investigación sobre el papel de la guardia costera aún no había terminado.
Además, ambas organizaciones expresaron preocupación por la integridad de las pruebas recogidas como parte de las investigaciones sobre el naufragio.
La solicitud del fiscal del Tribunal Naval de que se realice el análisis pericial de los teléfonos de los agentes de la guardia costera —que las autoridades no confiscaron hasta finales de septiembre de 2023, más de dos meses después de los hechos— aún está pendiente.
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