Chad 2023
Las familias de las víctimas seguían esperando justicia por presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de octubre de 2022. Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Los enfrentamientos en el sur del país causaron la muerte de más de un centenar de personas. El derecho a la seguridad alimentaria se vio amenazado por las subidas de precios, la escasez de lluvias, la llegada masiva de personas refugiadas desde Sudán y la falta de asistencia humanitaria. La práctica del matrimonio a edad temprana y la violencia por motivos de género se mantuvieron en niveles elevados.
Información general
En marzo, el presidente del régimen de transición indultó a 380 presuntos miembros del grupo rebelde Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad condenados en 2022 a diversas penas de prisión. El 17 de diciembre se celebró en el país un referéndum sobre un nuevo proyecto de Constitución, antes de las elecciones presidenciales prometidas para 2024. Según el Banco Mundial, la inflación pasaría del 5,8% de 2022 al 13,2% en 2023, y se preveía que la inflación de los precios de los alimentos alcanzase el 13,9%.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Al terminar el año no se habían producido avances concretos en una investigación anunciada por el ministro de Justicia al día siguiente de las manifestaciones del 20 de octubre de 2022, durante las cuales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habían muerto al menos 128 personas. Familiares de las víctimas, que seguían esperando respuestas, dijeron que tenían miedo de pedir a las autoridades una explicación de la ausencia de avances. El 20 de octubre de 2023, varias organizaciones de derechos humanos chadianas denunciaron el hecho de que aún no se hubiera enjuiciado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad y de defensa por los presuntos homicidios ilegítimos.
Libertad de reunión pacífica
Unas 259 personas detenidas por asistir a las manifestaciones prohibidas en octubre de 2022 y juzgadas a puerta cerrada en Koro Toro fueron indultadas en abril, y otras 119 lo fueron en julio.
En julio, el Ministerio de Seguridad Pública prohibió dos manifestaciones programadas para la misma fecha, convocadas por la Agrupación por la Justicia y la Equidad y por el Partido de Demócratas por la Renovación. Según el Ministerio, estos dos partidos políticos no existían legalmente y no habían cumplido las condiciones establecidas para autorizar una manifestación, afirmación que fue rebatida por dirigentes de ambos partidos. En agosto se prohibió una manifestación programada por el Movimiento Revolucionario por la Democracia y la Paz aduciendo que probablemente alteraría el orden público.
El 1 de agosto, las autoridades afirmaron que los organizadores de manifestaciones prohibidas podían ser sancionados con entre 6 meses y 2 años de prisión, lo que es contrario a las normas internacionales de derechos humanos.
Libertad de expresión
El 25 de agosto, la Alta Autoridad de Medios de Comunicación y Audiovisuales suspendió durante 8 días el popular sitio web de noticias Alwihda Info por la publicación de 2 artículos; uno de ellos, en el que se informaba del cese de un coronel, fue tachado de “atentar contra la cohesión y la disciplina” en el ejército, y el otro de hacer “afirmaciones injuriosas” sobre el presidente. El 26 de agosto, el director de Alwihda fue presuntamente objeto de una persecución en automóvil por parte de agentes de seguridad, que lo obligó a refugiarse con personas extrañas durante varias horas. Ese mismo día, a otro periodista del sitio web se le impidió cubrir un acto organizado por el Ministerio de Transportes en el norte del país.
Un periodista que trabajaba para el canal de televisión Toumaï fue puesto en libertad en mayo tras haber sido arrestado por relatar sus experiencias durante las manifestaciones de octubre de 2022. Sin embargo, recibió amenazas telefónicas y se vio obligado a salir del país por su seguridad tras haber hablado ante los medios de comunicación sobre los malos tratos recibidos durante su detención y reclusión en la prisión de Koro Toro.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), al menos 135 personas murieron, 359 resultaron heridas y más de 26.000 se vieron desplazadas entre enero y junio durante los enfrentamientos de los que se tuvo noticia en los departamentos del sur del país fronterizos con República Centroafricana. Algunas de las personas sobrevivientes informaron de que, en unos casos, los atacantes eran miembros de grupos armados presentes en República Centroafricana, y en otros, grupos de pastores que luchaban por el acceso a tierras de pasto. Las personas sobrevivientes se quejaron de la falta de protección oportuna de la población por parte de las fuerzas de seguridad cuando se alertó de la situación y de la deficiente respuesta judicial cuando, al parecer, se identificó a los presuntos autores.
Derecho a la alimentación
La inseguridad alimentaria se agravó debido a factores como la inflación del precio del petróleo y una crisis humanitaria en el este del país, donde Chad acogía a más de 400.000 personas refugiadas del conflicto en Sudán.
En octubre, la OCAH informó de que la seguridad alimentaria y la malnutrición afectaban en Chad a unos 5,7 millones de personas, de los que 2,1 millones estaban en situación crítica. Según la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET), la falta de lluvias y la continuidad del conflicto probablemente deteriorarían aún más la seguridad alimentaria en todo el país. La respuesta a la crisis resultó insuficiente. FEWS NET informó de la reducción de los suministros de alimentos y de las transferencias de efectivo, en tanto que la OCAH afirmó que sólo se había conseguido el 31.8% de la financiación humanitaria internacional necesaria. En septiembre, los fondos internacionales asignados para la seguridad alimentaria en Chad suponían un total de 96,9 millones de dólares estadounidenses, a pesar de que las necesidades identificadas ascendían a 225 millones de dólares.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Según un informe del Grupo Urgencia, Rehabilitación, Desarrollo publicado en febrero, el acceso de las personas jóvenes a la salud reproductiva era deficiente y se caracterizaba por una sucesión de obstáculos de índole económica, social, familiar y política.
Según el informe, el 24,2% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaban antes de cumplir los 15. Esta cifra era del 25% en las zonas rurales y del 21% en las zonas urbanas.
Violencia por motivos de género
Las víctimas de violencia de género seguían viviendo con miedo a denunciar las agresiones, bien por motivos sociales, bien por falta de apoyo de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o las autoridades tradicionales.
Según el Sistema de Gestión de Información sobre Violencia de Género (GBVIMS), entre enero y junio se denunciaron 1.879 casos de violencia por motivos de género. De estos casos, el 34% implicaban agresión física, el 27% violencia psicológica, y el 24% negación de oportunidades, de recursos y/o de otros servicios (por ejemplo, negar a las mujeres su parte correspondiente de la herencia o impedir la asistencia a la escuela de niñas de corta edad).