Argentina 2023
Los homicidios por razones de género continuaban sin remitir y seguían quedando impunes. El acceso al aborto seguía siendo desigual en muchas partes del país, pese a su despenalización. El uso excesivo de la fuerza con un sesgo racista era una práctica generalizada entre las fuerzas de seguridad. Prevalecía la restricción y criminalización de las protestas. Las medidas sobre el cambio climático no alcanzaron los objetivos necesarios para frenar las emisiones globales.
Información general
El país seguía sumido en una crisis económica y social. En junio, el 40,1% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 6,2%. En octubre y noviembre se celebraron elecciones nacionales, que ganó el partido La Libertad Avanza con un 55,65% de los votos.
En diciembre, el presidente emitió un decreto de necesidad y urgencia que derogaba o modificaba más de 70 leyes, y presentó al Congreso el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El texto declaraba la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y establecía cambios regresivos en la sanidad, la educación, la vivienda, la libertad de expresión y reunión y el género, entre otros ámbitos.
Durante el Examen Periódico Universal, Argentina recibió 287 recomendaciones, algunas de ellas relativas al acceso al aborto, la Ley de Emergencia Territorial Indígena y la persistente violencia institucional.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, recomendó la creación de un organismo federal para coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas.
El Congreso llevaba desde 2009 sin designar una persona titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada sólo por hombres, había una vacante desde 2021.
Violencia sexual y de género
Según datos recogidos por las ONG, durante 2023 se registraron 308 homicidios por razones de género, de los cuales el 62% se habían cometido en el ámbito familiar. Los datos oficiales más actualizados mostraban que el número de crímenes de odio basados en la identidad de género o la orientación sexual había aumentado a 129 en 2022.
Al concluir el año, la investigación en curso sobre la desaparición y el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, en la ciudad de Resistencia (provincia de Chaco) había arrojado escasos resultados.1
Sofía Inés Fernández, mujer transgénero de 40 años, fue encontrada muerta en una celda de una comisaría policial de la localidad de Derqui, donde había sido detenida por una acusación de robo. Los policías denunciados afirmaron que la mujer había muerto por suicidio, pero la autopsia preliminar reveló la asfixia como la causa de la muerte. Al concluir el año no se habían presentado cargos contra nadie por su muerte.
En octubre, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que incorporaba la violencia en entornos digitales en la definición de violencia contra las mujeres. La ley disponía medidas cautelares de protección, incluida la facultad de los jueces de ordenar a las plataformas digitales que eliminaran contenidos violentos.
Al concluir el año seguían pendientes los casos de dos periodistas que habían presentado denuncias ante los tribunales tras haber sufrido acoso y violencia en Internet.
Entre 2020 y 2021 se habían registrado 3.219 casos de abuso sexual infantil, y un 74,2% de esas víctimas había sufrido abusos de alguien de su entorno próximo.
Derechos sexuales y reproductivos
Seguían existiendo importantes obstáculos para acceder a los servicios de aborto, pese a que una ley de 2020 legalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Según el Ministerio de Salud de la Nación, desde la aprobación de esa ley hasta octubre de 2023, el sector público de salud había registrado 245.015 abortos. En un contexto en el que el 57% de la población utilizaba la sanidad privada, no había datos oficiales disponibles sobre el número de abortos practicados en ese sector.
Según datos oficiales publicados durante el año, en 2021 habían dado a luz al menos 1.394 niñas menores de 15 años. Pese a que entre 2016 y 2021 habían descendido los embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, más de 46.236 personas de ese grupo de edad habían dado a luz en 2021.
Uso excesivo de la fuerza
En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, señaló la persistencia de criterios raciales en el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente contra las personas indígenas, migrantes y refugiadas y contra los grupos marginados.
No hubo avances importantes en la investigación sobre la tortura y muerte bajo custodia policial de Mauro Coronel, ocurrida en 2020 en la provincia de Santiago del Estero, y no se había acusado a nadie de su muerte.2
En agosto, uno de los seis policías acusados de matar a Joaquín Paredes, de 16 años, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Cruz del Eje (provincia de Córdoba). Joaquín y sus amigos celebraban un cumpleaños en la calle durante las medidas de aislamiento relativas a la COVID-19 cuando la policía disparó contra ellos.
Derecho a la privacidad
TikTok, que en 2023 tenía más de 16,5 millones de usuarios en el país, no garantizaba el derecho de los niños y niñas a la privacidad y la salud. La extracción de datos personales que llevaba a cabo esa plataforma de redes sociales no se desactivaba, y se utilizaba la geolocalización aunque la persona usuaria no lo hubiera autorizado.
Libertad de expresión y de reunión
Según informes, se respondió con fuerza excesiva e ilegítima a las protestas en contra de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, adoptada el 15 de junio.3 Joel Paredes perdió el ojo derecho a causa del impacto de una bala de goma disparada por la policía de Jujuy. La reforma restringía el derecho a la protesta y, en el caso de los pueblos originarios, al ejercicio de la consulta, la participación y la propiedad territorial. Decenas de personas participantes en las protestas, entre ellas el abogado de derechos humanos Alberto Nallar, fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de sedición y otros delitos. El cargo de sedición era utilizado de forma ilegítima para criminalizar la disidencia.
El 15 de diciembre, el Ministerio de Seguridad emitió el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación (Resolución 943/2023). El Protocolo establecía que toda manifestación que involucrara el corte de calles o carreteras constituía un “delito flagrante” y otorgaba a las fuerzas de seguridad facultades para desalojarla o dispersarla. Asimismo, contenía disposiciones que posibilitaban la recopilación de información y la criminalización y estigmatización de dirigentes y participantes en manifestaciones públicas.
Impunidad
Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Entre 2006 y septiembre de 2023 se habían dictado 307 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.159 y, el de absoluciones, a 178.
Al concluir el año seguía pendiente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la impunidad en relación con el bombardeo del centro judío Asociación Mutual Israelita Argentina que había tenido lugar en 1994.
Derecho a un medioambiente saludable
Pese a que Argentina adoptó medidas para reducir las emisiones en sectores tales como el transporte y la construcción, al centrar su estrategia energética en los combustibles fósiles registró un aumento de las emisiones, lo que le impidió alcanzar sus objetivos climáticos.