Ecuador 2023

Se desplegó a las fuerzas armadas en todo el país y se ampliaron sus facultades en tareas de seguridad pública. La violencia aumentó en el periodo previo a las elecciones generales. Las violaciones de derechos humanos quedaban impunes. La situación de crisis en las prisiones continuó. Se seguían violando los derechos de los pueblos indígenas. Persistía la quema de gas durante la extracción de petróleo. Las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La pobreza y la desigualdad afectaban a gran parte de la población, y la violencia basada en el género seguía estando muy extendida.

Información general

En mayo, ante un posible proceso de destitución, el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional (el órgano legislativo de Ecuador) y convocó un proceso electoral cuya primera vuelta se celebró en agosto, y la segunda, en octubre. Se eligió a Daniel Noboa como presidente, junto a los 137 miembros de la Asamblea Nacional.

El índice de homicidios aumentó bruscamente y las autoridades respondieron con decretos de excepción que ampliaban el mandato de las fuerzas armadas. En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que garantizaba una mayor participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad púbica. Al concluir el año seguía pendiente la convocatoria de un referéndum nacional para aprobar su aplicación.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

En mayo, un decreto presidencial estableció el despliegue de las fuerzas armadas en todo el país, supuestamente para “reprimir la amenaza terrorista” en respuesta a los grupos de delincuencia organizada. Los posteriores decretos emitidos durante el año ampliaban el mandato de la policía y las fuerzas armadas, concediéndoles facultades para entrar en propiedades privadas y realizar registros, confiscar bienes y acceder a correspondencia.¹

Homicidios y ataques ilegítimos

Durante los meses previos a las elecciones, varios candidatos a cargos públicos fueron objeto de agresiones o asesinato, incluido el candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de homicidio en agosto, aparentemente por motivos políticos.

Impunidad

Las violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas de 2019 y 2022 continuaron impunes.

En junio, el Decreto Ejecutivo 755 estipuló que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que fueran sospechosos de haber causado lesiones, daños o la muerte a una persona no serían detenidos ni retirados del servicio mientras no se dictara una sentencia condenatoria en su contra.

Derechos de las personas detenidas

Las autoridades declararon repetidos estados de excepción en las prisiones en respuesta a varias masacres. En julio, 31 presos murieron de forma violenta y decenas más resultaron heridos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, mientras que 137 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes de forma temporal en prisiones de todo el país. Los servicios de salud de las prisiones seguían siendo casi inexistentes, y las autoridades no investigaban adecuadamente los homicidios ni trataban con dignidad a los familiares de la población reclusa.

Derechos de los pueblos indígenas

Los proyectos extractivos vulneraban los derechos de los pueblos indígenas en cuyos territorios se establecían. En mayo se emitió el Decreto Ejecutivo 754, que permitía a las empresas mineras comenzar su actividad sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Tras su emisión, unas operaciones militares y policiales en las provincias de Cotopaxi y Bolívar se saldaron con 18 personas heridas y 2 detenciones. En noviembre, la Corte Constitucional declaró el decreto inconstitucional, pero permitió que siguiera en vigor.

Los derrames de petróleo que habían tenido lugar en 2020 y 2022 en la Amazonía seguían sin ser investigados, y las comunidades afectadas seguían sin acceder a verdad, justicia y reparación.

Derecho a un medioambiente saludable

Las autoridades no respetaron su compromiso con la iniciativa mundial para abandonar gradualmente el uso de mecheros durante la extracción de crudo antes de 2030 y siguieron permitiendo la quema de gas.

En agosto, durante un referéndum nacional, la población votó mayoritariamente a favor de proteger el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, y prohibir nuevas prospecciones petrolíferas en él.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se seguía estigmatizando, hostigando, agrediendo y asesinando a defensores y defensoras de los derechos humanos por el trabajo que llevaban a cabo. Quienes defendían el territorio, la tierra y el medioambiente corrían especial peligro. Las autoridades seguían sin proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En febrero, Eduardo Mendúa, líder del pueblo indígena A’I Cofán, murió asesinado a tiros. Mendúa había manifestado abiertamente su oposición a la explotación petrolera en esa zona. En abril, el ministro de Energía y Minas estigmatizó públicamente al abogado y activista ambiental Pablo Fajardo acusándolo de ser un “delincuente internacional”.²

Derechos económicos, sociales y culturales

Amplios sectores de la población seguían afrontando obstáculos socioeconómicos para acceder a los derechos a la salud, la alimentación y el agua, entre otros. En junio de 2023, el 27% de la población vivía en la pobreza y el 10,8%, en la pobreza extrema, niveles que superaban los índices de pobreza anteriores a la COVID-19. El gasto en salud pública seguía incumpliendo el objetivo del 6% del producto interno bruto recomendado por la Organización Panamericana de la Salud.

El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos visitó el país en septiembre y expresó su alarma ante la enorme disparidad de los índices de pobreza entre las zonas rurales y las urbanas. El relator informó de que las zonas rurales presentaban índices de pobreza multidimensional de hasta el 70% y que la pobreza era más marcada en las zonas con mucha población indígena. Además, señaló que la pobreza aguda facilitaba la captación de jóvenes para la delincuencia organizada y pidió a las autoridades que siguieran aumentando la progresividad del sistema fiscal.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Persistían varios obstáculos que impedían a las mujeres vivir sin violencia. Según las organizaciones de la sociedad civil, desde 2014 se habían registrado más de 1.500 asesinatos por motivos de género.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los requisitos de elegibilidad según la fecha de entrada en el país restringían de manera indebida la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE), lo que afectaba al disfrute de protección temporal de más de medio millón de personas de nacionalidad venezolana que vivían en Ecuador.³El hecho de no estar en situación regular impedía a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género acceder a los servicios de protección y atención.