Resumen

Se siguió utilizando la seguridad nacional como pretexto para impedir el ejercicio de derechos, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión. Se censuraron estrictamente los debates sobre numerosos temas, tanto dentro como fuera de Internet. Se detuvo de manera arbitraria y se juzgó sin las debidas garantías a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. La situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang) siguió siendo grave, y no se rindieron cuentas por violaciones graves de derechos humanos cometidas contra la población uigur y kazaja y contra otras minorías predominantemente musulmanas de la región. Expertos y expertas de la ONU expresaron de nuevo preocupación por la contribución de las políticas y los programas del gobierno a la destrucción de lenguas y culturas de grupos étnicos, como el tibetano. Se sometió a hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y juicios injustos a activistas de los derechos de las mujeres. En Hong Kong se redujo cada vez más el espacio de la sociedad civil, al mantener las autoridades amplias prohibiciones sobre las protestas pacíficas y encarcelar por cargos relacionados con la seguridad nacional a activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas. Las autoridades también intentaron detener a activistas de la oposición que habían huido al extranjero. En varios casos históricos, los tribunales de Hong Kong fallaron a favor de los derechos de personas LGBTI.