Filipinas 2023

Continuaron las ejecuciones extrajudiciales en la “guerra contra las drogas”, entre otros contextos. La Corte Penal Internacional desestimó el recurso del gobierno contra la reapertura de la investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en la “guerra contra las drogas”. Persistió la práctica de “etiquetar como rojas” a las personas defensoras de los derechos humanos, entre otras, y se utilizó cada vez con más frecuencia la legislación antiterrorista contra personal de ayuda humanitaria. La libertad de expresión continuaba sometida a restricciones. Se tuvo noticia de desapariciones forzadas de indígenas y de activistas ambientales.

Ejecuciones extrajudiciales

Durante el segundo año de presidencia de Ferdinand Marcos Jr. continuaron las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la “guerra contra las drogas” —iniciada en 2016—, a pesar de que el presidente había afirmado en público en reiteradas ocasiones que la lucha contra las drogas ilícitas se centraría en el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración. Del seguimiento de los medios de comunicación realizado por el grupo universitario de investigación Dahas se desprendía que en 2023 al menos 329 personas habían perdido la vida a manos de personas desconocidas o de agentes del Estado durante operaciones contra la droga dirigidas por la policía.

También se cometieron otros homicidios ilegítimos, como los de los adolescentes John Francis Ompad y Jembo Baltazar, que murieron en agosto a manos de la policía en las ciudades de Rodriguez (provincia de Rizal) y Navotas, respectivamente, y por los que se presentaron cargos contra 8 sospechosos, 7 de ellos agentes de policía. En septiembre, unos desconocidos mataron a tiros en la ciudad de Bangued a Saniata Liwliwa Gonzales Alzate, abogada que prestaba asistencia jurídica gratuita a personas de bajos ingresos implicadas en pleitos. Al concluir el año se seguía investigando su muerte.

Impunidad

La mayor parte de los muchos miles de casos documentados de homicidio ilegítimo quedaron impunes.

En agosto, la fiscalía confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de desestimar una denuncia contra 17 agentes de policía interpuesta por la viuda del activista laboral Emmanuel Asuncion. Su esposo y 8 activistas más habían muerto durante las operaciones policiales que habían tenido lugar en Luzón el 7 de marzo de 2021.¹ Al concluir el año seguía pendiente de resolución un recurso de revisión de la desestimación.

En junio, un tribunal condenó a 3 hombres a penas de entre 2 y 8 años de prisión por complicidad en el asesinato del conocido locutor de radio Percival Mabasa (conocido como Percy Lapid) en octubre de 2022.² Percival Lapid había sido asesinado tras haber criticado en antena a autoridades gubernamentales, incluido el exjefe de la Dirección de Servicios Penitenciarios, Gerald Bantag, que al concluir el año seguía sin ser detenido pese a estar acusado de su muerte.

En marzo, en una excepción a lo que venía siendo habitual, el exagente de policía Jefrey Perez fue condenado a una pena de hasta 40 años de cárcel por el homicidio de los adolescentes Carl Arnaiz y Reynaldo de Guzman, cometido en 2017. Era sólo el segundo caso conocido de condena de un agente de policía por homicidios relacionados con las drogas

En julio, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó el recurso del gobierno contra la reanudación de las investigaciones del fiscal de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en la “guerra contra las drogas”, entre otros contextos.

Represión de la disidencia

A lo largo del año se mantuvo la práctica del “etiquetado rojo” —consistente en vincular públicamente a organizaciones y personas con grupos comunistas proscritos—, pese a la presión ejercida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su erradicación. Al “etiquetar como roja” a una persona, ésta quedaba expuesta a ser víctima de homicidio ilegítimo y de otras violaciones graves de derechos humanos.³

El 13 de marzo, la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista, dependiente del gobierno, “etiquetó como rojos” a grupos de derechos humanos como Karapatan y la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos, así como a otros grupos de asistencia jurídica que apoyaban una propuesta de ley sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En septiembre, el Ministerio de Educación afirmó públicamente que 16 centros públicos de educación secundaria del área metropolitana de Manila estaban implicados en actividades de reclutamiento para el Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo.⁴

Las autoridades utilizaron cada vez con más frecuencia la legislación antiterrorista contra grupos “etiquetados como rojos”, entre ellos organizaciones humanitarias. En marzo, en la primera sentencia condenatoria dictada en aplicación de la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo desde su aprobación en 2012, un tribunal declaró culpable de complicidad en la financiación del terrorismo a una excontable del grupo católico Misioneros Rurales de Filipinas. También se enfrentaban a cargos similares 4 monjas y 11 integrantes más del grupo, a quienes la fiscalía acusaba de actuar de enlace con el Nuevo Ejército del Pueblo. En mayo, en aplicación de la misma ley, el ejercitó presentó una denuncia contra el grupo humanitario Red de Recursos para el Empoderamiento de Comunidades (CERNET, por sus siglas en inglés) por “financiación del terrorismo”.

En mayo, un tribunal de la ciudad de Muntinlupa absolvió del cargo de conspiración para comerciar con drogas ilícitas a la presa de conciencia y exsenadora Leila de Lima. En noviembre, De Lima quedó en libertad bajo fianza, aunque continuaba en curso una última causa en su contra por cargos de motivación política relacionados con las drogas.⁵

Libertad de expresión

En enero y septiembre, el Tribunal de Apelaciones Fiscales absolvió a la destacada periodista y premio nobel Maria Ressa y al grupo empresarial de Rappler —su página web de noticias— de los cinco cargos de evasión fiscal que pesaban en su contra. En diciembre, el Departamento de Justicia desestimó el cargo por el que se acusaba a la periodista de haber violado la ley que prohibía la participación extranjera en el capital de las organizaciones de medios de comunicación.⁶ Continuaban pendientes de resolución los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en una causa por ciberdifamación contra Ressa —por la que la periodista había sido condenada a siete años de cárcel— y contra la orden de clausura de Rappler.

En diciembre, la fiscalía desestimó una denuncia por presuntas violaciones de las leyes ambientales presentada por la policía contra el artista Max Santiago y otros tres hombres implicados en la quema de una figura del presidente durante una protesta en julio. Continuaban pendientes los cargos contra otras 14 personas por organizar la protesta sin permiso.

Desapariciones forzadas

El 5 de septiembre desaparecieron en las proximidades de la capital filipina, Manila, las trabajadoras de protección ambiental Jhed Tamano y Jonila Castro. El 19 de septiembre, antes de dejarlas en libertad, el ejército presentó a ambas mujeres en una conferencia de prensa, asegurando que habían permanecido recluidas en una “casa franca” tras haber pedido auxilio a las autoridades. Sin embargo, las mujeres acusaron públicamente al ejército de haberlas secuestrado, y solicitaron ante el Tribunal Supremo protección frente a la policía y otros organismos gubernamentales. Posteriormente, el ejército presentó contra ellas cargos de perjurio, que continuaban pendientes al acabar el año.

Derechos de los pueblos indígenas

El 28 de abril desaparecieron en la ciudad de Taytay (provincia de Rizal) los defensores de los derechos de los pueblos indígenas Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil de Jesus, que habían sido “etiquetados como rojos” y a quienes, según informes, se habían llevado por la fuerza unos individuos que dijeron trabajar para un organismo policial. En septiembre, el Tribunal de Apelaciones desestimó una solicitud presentada por sus familias para que se obligara a las autoridades a ponerlos a disposición judicial. La Policía Nacional de Filipinas negó toda implicación en el caso.⁷

En julio, el Consejo Antiterrorista calificó como terroristas a cuatro dirigentes de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera —grupo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas—, lo que permitía al gobierno investigar sus actividades y congelar sus activos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, el Comité sobre las Mujeres y la Igualdad entre los Géneros de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para proteger a la población contra actos de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Aún faltaba su aprobación por la Cámara de Representantes y por el Senado, pero en septiembre el líder de la mayoría del Senado afirmó que no se trataba de una cuestión prioritaria.

El 7 de octubre quedó en libertad bajo fianza la artista drag Pura Luka Vega, que se encontraba bajo custodia policial por violar una ley contra “actos indecentes o inmorales ofensivos para cualquier raza o religión”. Su detención había tenido lugar 3 días antes por rezar el padrenuestro con un atuendo similar al de Jesús. En caso de condena, tendría que pagar una cuantiosa multa o cumplir hasta 12 años de prisión, o ambas cosas.