Resumen

Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania y permitió que sus fuerzas cometieran crímenes de guerra con impunidad. Mientras, la situación de los derechos humanos seguía empeorando en el país. Se impusieron más restricciones graves sobre la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Quienes criticaban al gobierno se enfrentaban a enjuiciamiento arbitrario, largas penas de prisión, ataques violentos cometidos impunemente y otras represalias. Las autoridades utilizaron una amplia legislación antiterrorista y antiextremista contra personas críticas, profesionales de la abogacía, y grupos opositores y religiosos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran generalizados y quedaban en gran medida impunes. Los juicios eran injustos, sobre todo en las causas políticas y las que afectaban a las personas ucranianas aprehendidas en calidad de prisioneros de guerra. Se aprobó nueva legislación tránsfoba y se calificó de “extremista” al “movimiento LGBT”. Rusia rehusó cooperar con las instituciones internacionales de derechos humanos y tipificó como delito la asistencia a la Corte Penal Internacional después de que ésta dictara una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin. Las autoridades no impidieron la violencia contra las personas refugiadas ni la violencia antisemita. Las medidas para abordar la crisis climática eran insuficientes y se prohibió la presencia en el país de importantes ONG de defensa del medioambiente.