Macedonia del Norte 2023
Persistían la impunidad y los malos tratos. Organismos religiosos calumniaron a activistas de los derechos de las mujeres y a simpatizantes de la Ley de Igualdad de Género, y las amenazas online eran generalizadas. La discriminación sistémica de la comunidad romaní tuvo como consecuencia una muerte evitable.
Información general
El veto a la adhesión de Macedonia del Norte a la UE impuesto por Bulgaria en 2021 se mantuvo después de que el Parlamento normacedonio rechazara en agosto una reforma constitucional para proclamar “pueblo constituyente” a la población búlgara.
Impunidad
En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó los indultos concedidos en 2016 a 56 ex miembros del gobierno y otros ex cargos públicos por el entonces presidente Gjorge Ivanov. En marzo, el ministro de Justicia reanudó los intentos de lograr la extradición del ex primer ministro Nikola Gruevski desde Hungría para ser juzgado en nueve causas penales.
En octubre se suspendieron varios enjuiciamientos de ex cargos públicos después de que el gobierno redujera las penas para delitos como el “abuso de autoridad” y participar en una “empresa criminal”. Entre ellos figuraban el ex jefe de la policía secreta Sašo Mijalkov y otras personas que estaban en espera de un nuevo juicio por las escuchas telefónicas ilegales de más de 4.200 personas, entre las que había periodistas.
Tortura y otros malos tratos
En junio se declaró el estado de excepción en la prisión de Idrizovo, y las amenazas para la seguridad derivadas de una falta de personal crónica obligaron a desplegar a la policía y el ejército. En 2021, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había calificado varias secciones de la prisión de inhumanas, superpobladas e insalubres.
Un Mecanismo Nacional de Prevención falto de recursos, una formación e investigaciones deficientes, y la ausencia de un mecanismo independiente de supervisión de guardias y agentes de policía posibilitaron la impunidad por la tortura y otros malos tratos.
Libertad de expresión
La nueva Ley de Responsabilidad Civil por Injurias y Difamación redujo las multas impuestas a periodistas. No obstante, se entablaron demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) contra periodistas de investigación. En octubre se impuso una multa a Investigative Reporting Lab Macedonia por afirmar que un exvicepresidente era responsable de contaminación del aire.
Aumentaron las amenazas online contra mujeres periodistas. Las autoridades no tomaron medidas contra una autoridad religiosa que en julio amenazó explícitamente con mutilar a la periodista Rita Behadini, que había criticado los ataques al feminismo por parte de organismos religiosos.
Violencia contra mujeres y niñas
Seis mujeres fueron asesinadas por un familiar o una expareja. En febrero se armonizó el Código Penal con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), reconociendo la violencia basada en el género e introduciendo el acoso sexual como delito. En septiembre, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), órgano de vigilancia del Consejo de Europa, recomendó incluir la violencia psicológica, así como otros delitos, y criticó a la policía y los servicios de asistencia social por no aplicar el Convenio.
La iglesia ortodoxa de Macedonia, otras entidades religiosas, algunas autoridades locales y varios partidos políticos se opusieron enérgicamente al Convenio de Estambul y a la propuesta de Ley de Igualdad de Género.
Derechos de las personas LGBTI
Antes del Orgullo de Skopie, en junio, se profirieron amenazas contra la vida —principalmente por Internet—, que fueron seguidas de una manifestación multitudinaria convocada por la iglesia ortodoxa de Macedonia y otras comunidades religiosas contra las propuestas de Ley de Igualdad de Género y Ley de Registro de Nacimientos. Las amenazas fueron tan graves que el Comité Macedonio de Helsinki elaboró una guía de seguridad para las personas LGBTI.
En septiembre, un hombre fue condenado a dos años de prisión por herir de gravedad al presidente de LGBTI United en Skopie en agosto de 2022. La condena tuvo en cuenta el carácter discriminatorio del ataque.
Discriminación
Romaníes
Continuó la discriminación sistémica de la población romaní a través de la segregación en la educación y de la falta de acceso a vivienda adecuada y agua, y dentro del sistema de justicia penal.
En mayo, Mehmet Kamber, romaní de 20 años, murió en el hospital al no recibir tratamiento para su hipoglucemia porque carecía de tarjeta de identidad, aunque sí tenía certificado de nacimiento. En septiembre, la Comisión para la Prevención y Protección frente a la Discriminación recomendó al Ministerio del Interior que reformara la legislación que impedía obtener la tarjeta de identidad a las personas romaníes residentes en asentamientos informales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó de que, a fecha de 30 de noviembre, habían entrado en el país 11.645 personas refugiadas y migrantes: menos de la mitad que en 2022. La policía de fronteras continuó deteniendo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes, la mayoría de las cuales fueron objeto de devolución sumaria a Grecia. Otras fueron detenidas ilegítimamente como testigos contra traficantes.
En abril, la policía normacedonia mató a tiros a Fatmata, de 23 años, cerca de la frontera con Grecia, cuando la mujer viajaba en automóvil con su esposo, presunto traficante de personas.
Derecho a la salud
En septiembre, cientos de personas se sumaron a las protestas de las afligidas familias de 12 pacientes de la Unidad de COVID-19 de Tetovo que, junto con 2 de sus familiares, habían fallecido en un incendio desatado allí en 2021; protestaban por las penas no privativas de libertad impuestas a los máximos responsables del hospital declarados culpables en junio de causar esas muertes. El responsable médico de turno fue absuelto. El mismo mes, tras protestas multitudinarias, la fiscalía puso finalmente en marcha investigaciones sobre la corrupción denunciada en el hospital oncológico universitario de Skopie, que incluía la venta ilegal de medicamentos.