Argelia 2023

Las autoridades intensificaron la reducción del espacio de la sociedad civil, dictando sentencias condenatorias contra al menos a un activista, cinco periodistas y un investigador por ejercer su derecho a la libertad de expresión. También cerraron al menos dos sitios web y dos entidades afiliadas a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, ordenaron el cierre de dos grupos de derechos humanos y suspendieron al menos un partido político. Asimismo, las autoridades judiciales cerraron como mínimo dos iglesias. Se denunciaron por lo menos 36 femicidios. Al menos 18.302 migrantes fueron objeto de expulsión sumaria de Argelia entre enero y diciembre.

Información general

En febrero, Argelia llamó a consultas a su embajador en Francia después de que la activista argelina Amira Bouraoui hubiera huido allí. Las autoridades procesaron a continuación a seis personas, entre ellas Amira Bouraoui y su madre, por cargos falsos como “tráfico ilícito de migrantes” y formación de una “asociación de maleantes”.

En marzo concluyó el Examen Periódico Universal de Argelia. El país aceptó las recomendaciones de modificar su represiva ley sobre reuniones y manifestaciones públicas y la disposición que exculpaba a los violadores que se casaran con sus víctimas. Rechazó, en cambio, la recomendación de modificar las disposiciones, excesivamente amplias, del Código Penal que criminalizaban a quienes ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.¹

En septiembre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación visitó Argelia para evaluar la situación en el país, al igual que lo hizo, en diciembre, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Libertad de expresión

Las autoridades investigaron, procesaron y condenaron a varios periodistas, al menos a un activista y a un investigador de geopolítica, en relación con opiniones críticas que éstos habían expresado, principalmente en Internet. En abril, cerraron al menos dos servicios de prensa y radio por Internet.²

El 2 de abril, un tribunal de Argel ordenó la disolución de la empresa de medios de comunicación Interface Media y sus dos emisoras de noticias —Radio M y Maghreb Emergent, dirigidas por el periodista Ihsane El Kadi— y el pago de una multa de 10 millones de dinares argelinos (unos 73.862 dólares estadounidenses) a la Autoridad Reguladora Audiovisual. En junio, un tribunal de apelación condenó a Ihsane El Kadi a siete años de prisión, dos de ellos con carácter condicional, por su labor periodística, en particular en relación con reportajes que había realizado para el periódico francés La Croix.

El 4 de julio, un tribunal de Argel condenó al activista amazigh Slimane Bouhafs a tres años de prisión y al pago de una multa por el cargo falso de “dañar la integridad del territorio nacional” a través de sus publicaciones en Internet.³

El 13 de agosto, algunos medios de comunicación informaron de que la película Barbie había sido prohibida en los cines argelinos por “atentar contra la moral”.

En agosto, las autoridades promulgaron la Ley 23-14 sobre información, que imponía normas indebidas sobre la concesión de licencias y la propiedad, como exigir que las organizaciones de medios de comunicación fueran propiedad exclusiva de personas de nacionalidad argelina. También contenía amplias e imprecisas disposiciones que imponían a quienes ejercían el periodismo prohibiciones como publicar “información falsa” o información que pudiera “defender el colonialismo y menoscabar la memoria nacional y los símbolos de la guerra de liberación nacional”. Asimismo, sancionaba con una cuantiosa multa y la confiscación de bienes a cualquier medio de comunicación que recibiera fondos extranjeros no destinados a suscripciones o publicidad.

El 26 de octubre, un tribunal de apelación de la ciudad oriental de Constantina condenó al periodista Mustapha Bendjama a 20 meses de prisión, 12 de ellos con carácter condicional, por recibir fondos extranjeros que “podrían poner en peligro la seguridad del Estado” y por “publicar información o documentos clasificados en una red electrónica”, en relación con su trabajo periodístico. El tribunal presentó los mismos cargos contra el investigador Raouf Farrah y le impuso también la misma condena por recaudar dinero para personas detenidas y por su trabajo de investigación.

Libertad de asociación

Las autoridades intensificaron la represión de las organizaciones independientes y ordenaron el cierre de dos grupos de derechos humanos y la suspensión de al menos un partido político.

El 23 de enero, en Bugía, en el este de Argelia, las autoridades precintaron el Centro de Documentación de Derechos Humanos de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), acogiéndose a una sentencia de junio de 2022 por la que se disolvía esta organización. La dirección de la LADDH no tuvo conocimiento hasta ese mes de la orden de disolución de 2022, que había sido consecuencia de una denuncia presentada por el Ministerio del Interior.

El 30 de enero, en Tizi Uzu, en el este de Argelia, las autoridades precintaron y cerraron la Casa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía, entidad afiliada a la LADDH desde 1990 y que dirigía una biblioteca y un centro de documentación.⁴

En febrero, Abderrahmane Zitout, cuyo hermano, Larbi, pertenecía a Rachad, grupo político que las autoridades habían calificado arbitrariamente de “terrorista” en febrero de 2022, inició por tercera vez una huelga de hambre para protestar por su prolongada detención en espera de juicio, relacionada con el activismo de su hermano.⁵

El 23 de febrero, el Consejo de Estado, máximo órgano administrativo de Argelia, suspendió el partido político Democracia y Movimiento Social y ordenó el cierre de su sede.

En septiembre, las autoridades impidieron arbitrariamente y por segundo año consecutivo que el partido político Agrupación por la Cultura y la Democracia organizara su campamento de verano, previsto del 28 de septiembre al 1 de octubre en Batna.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades siguieron restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica con medidas como practicar detenciones antes de protestas previstas.

Según el Comité Nacional para la Liberación de Personas Detenidas, el 20 de agosto se detuvo al menos a 40 activistas —entre quienes se encontraban Soheib Debbaghi, Mohamed Tadjadit y el abogado Sofiane Ouali— con el fin de impedir una concentración pacífica en Ifri, en el este de Argelia, para conmemorar el Congreso de Sumam de 1956, acontecimiento histórico en la lucha del país por la independencia. Fueron puestos en libertad ese mismo día.

El 8 de septiembre, un juez de Amizur, comuna del norte de Argelia, sometió a control judicial al activista político Khaled Tazaghart, le confiscó el pasaporte y le prohibió viajar, por cargos falsos de “difundir información falsa”, formulados contra él a raíz de que hubiera publicado en Facebook llamamientos a reunirse pacíficamente en memoria de las víctimas de los incendios forestales que se habían producido en Argelia.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades judiciales siguieron haciendo caso omiso de los testimonios de tortura presentados ante los tribunales.

En julio, el exmilitar y denunciante de irregularidades Mohamed Benhlima fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa por un tribunal de Argel; había solicitado asilo en España en 2019, pero lo habían extraditado a Argelia en 2021. Durante una vista judicial celebrada el 12 de julio, contó al juez que unos agentes de las fuerzas de seguridad lo habían torturado: lo desnudaron, le ataron las piernas y las manos y vertieron agua fría sobre él. Dijo que también lo habían acosado sexualmente, golpeado y amenazado. El juez no ordenó que se investigaran estas denuncias.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron aplicando el Decreto Ley 06-3, que restringía las religiones distintas del islam suní. Cerraron al menos dos iglesias, con lo que ascendían a 31 las clausuradas desde 2018.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades no modificaron la Ley 08-11 de 25 de junio de 2008 para prohibir explícitamente las expulsiones colectivas ni adoptaron legislación para aplicar la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y su Protocolo Facultativo.

Según la Dirección de Vigilancia del Territorio, organismo policial oficial de Níger, entre enero y diciembre Argelia expulsó sumariamente a este país al menos a 18.302 migrantes, procedentes en su mayoría de África Occidental.

Derechos de las mujeres

El Código Penal y el Código de Familia seguían discriminando ilegítimamente a las mujeres en asuntos de herencia, matrimonio, divorcio, custodia de hijos e hijas, y tutela.

En mayo, las autoridades promulgaron la Ley 23-04 contra la trata de personas, en la se mencionaban la “prostitución”, la explotación sexual y el matrimonio forzado. En virtud de ella, los delitos se castigaban con penas de hasta 30 años de prisión y multas, y con cadena perpetua si la víctima había sido sometida a tortura o violencia sexual.

El grupo activista Feminicidios Argelia registró al menos 36 femicidios. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres siguieron pidiendo que se reconociera el femicidio como delito.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Código Penal continuó penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, que podían castigarse con penas de hasta dos años de prisión y una multa.

En enero, el Ministerio de Comercio anunció una campaña contra todos los productos que contuvieran “colores y símbolos contrarios a la moral”, en referencia a los colores del arco iris del movimiento LGBTI.

El 10 de agosto, la Autoridad Reguladora Audiovisual suspendió durante 20 días las emisiones de la cadena privada de televisión argelina Essalam TV por haber proyectado una película que mostraba una boda entre dos hombres, lo que se consideró “contrario a los preceptos del islam y a los valores de la sociedad argelina”.

Derechos laborales

En mayo, se promulgó la Ley 23-02, que restringía el derecho a formar sindicatos al permitir a las autoridades rechazar las solicitudes aplicando disposiciones de redacción imprecisa relacionadas con la “unidad nacional” y los “valores y constantes nacionales”. También les permitía disolver un sindicato por múltiples motivos, como persistir en huelgas “ilícitas”, así como multar a cualquier sindicato que se uniera a una organización sindical internacional, continental o regional sin informar a las autoridades. Además, estipulaba penas de hasta un año de prisión y multa para quienes recibieran donaciones y legados extranjeros sin la aprobación previa de las autoridades.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, Argelia sufrió una ola de calor extremo que, según World Weather Attribution, era “casi imposible si no hubiera cambio climático”. En julio, se propagaron por 17 regiones al menos 140 incendios forestales que causaron la muerte de al menos 34 personas y el desplazamiento de otras 1.500.⁶

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. La última ejecución había tenido lugar en 1993.