Resumen

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad intensificaron la represión de la disidencia y los ataques contra la sociedad civil en todo el país. Miles de personas permanecían detenidas arbitrariamente y en condiciones que violaban la prohibición total de la tortura y otros malos tratos, y se arrestó a cientos de manifestantes, activistas, periodistas y otras personas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Milicias y grupos armados mataron e hirieron a civiles y destruyeron infraestructuras de carácter civil durante la intensificación de las hostilidades armadas. Los grupos armados obligaron a miles de personas a abandonar sus casas como represalia por su presunta afiliación política o para apropiarse de sus tierras, entre otras razones. En un contexto de impunidad generalizada y de continua financiación e integración en instituciones del Estado de milicias y grupos armados que cometían abusos, aumentaron las peticiones de rendición de cuentas tras la aterradora magnitud de la pérdida de vidas, destrucción y desplazamiento forzado provocados por la tormenta Daniel. La discriminación y la violencia contra mujeres y niñas continuaban siendo generalizadas. Las personas LGBTI siguieron siendo objeto de detención arbitraria, procesamiento injusto y otros abusos. Las minorías étnicas continuaron haciendo frente a discriminación y obstáculos a la hora de acceder a atención de la salud, educación y otros servicios. Las personas refugiadas y migrantes, incluidas las interceptadas en el mar por guardacostas libios respaldados por la Unión Europea y por grupos armados, eran sometidas a tortura y otros malos tratos, extorsión y trabajo forzoso; miles de ellas fueron expulsadas sin el debido proceso.