Los ataques digitales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y la sociedad civil van en aumento. El hackeo de sus dispositivos digitales permite espiarlos, silenciarlos e intimidarlos. Esta situación debe terminar.
En algunos países, pronunciarse en favor de los derechos humanos y poner al descubierto la verdad es peligroso y arriesgado. Los gobiernos suelen intimidar, acosar y detener a la gente, y cada vez se apoyan más en la vigilancia digital para hacerlo. Los gobiernos de todo el mundo compran y permiten la venta de tecnología de vigilancia invasiva y sofisticada que puede poner en riesgo los dispositivos digitales de cualquier persona y hacer un seguimiento de sus actividades. Estas herramientas las fabrican y venden empresas privadas que en ocasiones obtienen ganancias de los abusos contra los derechos humanos.
Los gobiernos y las empresas dicen que sus herramientas de vigilancia se utilizan sólo en contra de delincuentes y terroristas. Sin embargo, en realidad, los programas espías se han utilizado de forma ilegítima contra defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, entre ellos un miembro del personal de Amnistía Internacional.
Algunos gobiernos, como el de Marruecos y presuntamente los de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, han actuado de forma ilegítima y reiterada contra activistas y la sociedad civil. Además, los Estados de todo el mundo siguen haciendo oídos sordos y permiten la exportación de tecnología de vigilancia a estos y otros gobiernos pese a su historial de uso de software espía para violar los derechos humanos.
Las exportaciones de tecnología de vigilancia a los gobiernos que utilizan estas herramientas de forma ilegítima deben cesar.
El ex relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión incluso ha pedido una suspensión mundial —que se detenga la venta y transferencia de tecnología de vigilancia— hasta que se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos que proteja a quienes defienden los derechos humanos y a la sociedad civil contra el uso indebido de estas herramientas.
Unámonos para exigir el fin de la vigilancia ilegítima de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Firma la petición y exige que:
- los gobiernos garanticen que estas herramientas no se utilizan ilegítimamente contra la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos;
- se ponga fin a las exportaciones de tecnología de vigilancia a Estados tales como Marruecos, donde existe un peligro considerable de que la exportación en cuestión pueda ser utilizada para violar los derechos humanos, y
- todos los gobiernos de todo el mundo apoyen el llamamiento en favor de la interrupción temporal de la venta, transferencia y uso general de la tecnología de vigilancia.
Tu firma presionará a nivel global a los gobiernos para que pongan en práctica estas demandas y protejan a los defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo.