Sabemos que, juntos, podemos acabar con la pena de muerte en cualquier parte.
Cada día, algún Estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben estar castigados. En algunos países, puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que en otros este castigo cruel se reserva para los actos de terrorismo y los asesinatos.
Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito por el que han sido condenadas; otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales; y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años condenada a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si podrá volver a ver a su familia.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.
Acerca de la pena de muerte
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes:
- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,
- Protocolo número 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena de muerte, y Protocolo número 13 al mismo Convenio, sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,
- Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución.
Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Ejecución de personas que eran menores de edad en el momento del delito
A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, hay países que siguen haciéndolo. El número de ejecuciones en tales casos es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional.
No obstante, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países al menos 168 ejecuciones de personas menores de 18 años: Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito duplican con creces la suma de esas ejecuciones en los restantes nueve países. En el momento de redactar estas líneas, esa cifra ascendía en Irán a al menos 118 ejecuciones desde 1990.
Métodos de ejecución empleados en 2023
- Decapitación
- Ahorcamiento
- Inyección letal
- Arma de fuego
¿Dónde tiene lugar la mayoría de las ejecuciones?
En 2023, los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por este orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de al menos 1.153 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China.
Excluyendo a China, el 89% de todas las ejecuciones que se dieron a conocer tuvieron lugar en tan sólo dos países: Irán y Arabia Saudí.
Visión global: condenas a muerte y ejecuciones de 2008 a 2023
*Este mapa muestra la ubicación general de fronteras y jurisdicciones y no debe interpretarse como el punto de vista de Amnistía Internacional con respecto a territorios en disputa.
**Los nombres de los países reflejan la nomenclatura a fecha de mayo de 2024.
Condenas a muerte
Condenas a muerte
Amnistía Internacional registró, al menos, 2.428 condenas a muerte nuevas en 52 países en 2023, lo que supuso un ligero descenso con respecto a las 2.016 de 2022. Se tenía constancia de que al finalizar 2023 había en todo el mundo al menos 27.687 personas condenadas a muerte.
Ejecuciones
En 2023, Amnistía Internacional registró al menos 1.153 ejecuciones repartidas en 16 países, lo que supuso un incremento del 31% con respecto al año 2022, en el que se registraron al menos 883 ejecuciones.
¿Por qué se debe abolir la pena de muerte?
La pena de muerte es irreversible y los errores ocurren.
La ejecución es la máxima pena y es irrevocable: nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973 más de 197 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad.
La pena de muerte no disuade contra el crimen.
Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones; no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia.
La pena de muerte suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales
En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada. En algunos países la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las de la persona acusada antes de dictar condena.
La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria.
El grueso de la pena de muerte recae, de manera desproporcionada, sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Éstas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal.
La pena de muerte se usa como herramienta política
Las autoridades de algunos países, como Irán y Sudán, usan la pena de muerte para castigar a opositores políticos o aplastar a la disidencia.
Caso práctico: Adoptar una postura contraria a la pena de muerte
Pasar a la acción es fundamental porque cada dos meses el estado ejecuta a alguien. Es una cuestión de vida o muerte.
TJ Riggs
TJ Riggs, de 20 años, estudia en la Universidad de Samford y es el coordinador de Amnistía Internacional para la abolición de la pena de muerte en Alabama. Le apasiona pelear por quienes están condenados a muerte, por la justicia racial en ese estado y por el poder de la palabra escrita.
A lo largo del año pasado, TJ ha estado haciendo campaña en favor de Rocky Myers, un hombre negro con discapacidad intelectual que está condenado a muerte por asesinato pese a que no hay pruebas que lo vinculen directamente con el lugar del crimen y uno de los testigos clave se retractó de su declaración. El juez impuso una condena a muerte en contra de la opinión del jurado. Más tarde, la persona que ejercía su representación letrada abandonó el caso, lo que supuso que vencieran los plazos para recurrir y solicitar una revisión a nivel federal. El racismo y el sesgo socioeconómico influyeron en el proceso en su contra.
“En mi primer año en la Universidad de Samford me pidieron que me hiciera cargo de nuestra delegación de Amnistía Internacional. Los grupos estudiantiles hacen todo tipo de activismo. Me involucré de verdad y conecté con la red de pena de muerte de Alabama. Después de ese año inicial como presidente de la delegación estudiantil, me pidieron que me presentara al cargo de coordinador de Abolición de la Pena de Muerte del estado de Alabama de Amnistía.
Alabama es un estado singularmente malo para las ejecuciones, sobre todo, hace poco, en cuanto a legislación y en cuanto a proceso. En este estado pasan cosas que no estaban pasando en otros estados, y Alabama está cambiando la norma sobre la pena capital de un modo que, por desgracia, están imitando otros gobiernos estatales. Pasar a la acción es fundamental porque cada dos meses el estado ejecuta a alguien. Es una cuestión de vida o muerte.
Pese a todo, yo creo firmemente en que el cambio es posible. Una de las cosas buenas del trabajo es lo bien conectado y organizado que está el activismo en contra de la pena de muerte en Alabama. Hay un montón de organizaciones en el estado dedicadas de verdad a luchar contra la pena de muerte y a luchar contra la larga historia de injusticia racial de Alabama, concretamente en lo que se refiere al funcionamiento del sistema de justicia en relación con la pena de muerte.
Si quieres apoyar la campaña de Amnistía para poner fin a la pena de muerte, escribe una carta a alguien que esté en el corredor de la muerte. Escribe una carta a nuestro gobierno. Yo ya he escrito innumerables cartas, creo que igual que mucha gente en este estado. Para el cumpleaños de Rocky Myers, le mandamos tarjetas de felicitación. Y le enviamos tarjetas por Navidad, y todo se hace a través de la página de Amnistía dedicada a Rocky Myers. Supone un cambio increíble en su vida recibir una tarjeta de cumpleaños o una tarjeta de Navidad de alguien a quien nunca han visto, simplemente deseándole lo mejor y esperando que las cosas salgan bien.”
¿Qué hace Amnistía Internacional para lograr la abolición de la pena de muerte?
Amnistía Internacional lleva más de 45 años haciendo campaña en todo el mundo por la abolición de la pena de muerte.
Amnistía hace un seguimiento del uso que los Estados hacen de esta forma, la más extrema, de castigo cruel, inhumano y degradante con el fin de señalar públicamente a los países que siguen aplicándolo y hacer que rindan cuentas por ello. La organización publica un informe anual con las cifras correspondientes y las tendencias de cada país. El último, titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2023, fue publicado en mayo de 2024.
El trabajo de la organización en contra de la pena de muerte adopta múltiples formas, entre ellas, proyectos específicos basados en trabajo de incidencia y de campaña en las regiones del África Subsahariana, Asia y Oceanía, las Américas, Europa y Asia Central y Oriente Medio y el Norte de África; el refuerzo de normas nacionales e internacionales en contra del uso de la pena capital, respaldando, por ejemplo, la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de resoluciones sobre una moratoria de la pena de muerte; y ejercer presión en nombre de las personas que se enfrentan a una ejecución inminente. También respaldamos las acciones y el trabajo del movimiento abolicionista a escala nacional, regional y global.
Cuando Amnistía Internacional comenzó ese trabajo en 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte. Hoy día la cifra asciende a 112, más de la mitad de los países del mundo. El número de países abolicionistas en la ley o en la práctica es superior a dos tercios del total.