En un contexto de crisis humanitaria y aumento de la protesta, las autoridades cubanas han seguido perfeccionando una sofisticada maquinaria de represión de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica. El nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre de 2022, regula de manera vaga y excesivamente amplia los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir, ultraje a símbolos patrios y financiamiento extranjero, facilitando la aplicación discrecional y abusiva de estos tipos penales a activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y manifestantes por solo ejercer sus derechos.
