En un contexto de represión y cierre absoluto del espacio cívico en Nicaragua, las autoridades han continuado implementando y perfeccionado una estrategia represiva que ha escalado desde el uso de la fuerza letal contra manifestantes en 2018 hasta la actual privación arbitraria de nacionalidad de personas consideradas disidentes. Numerosas personas siguen privadas de su libertad por motivos políticos o simplemente por expresar opiniones contrarias al gobierno. El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y lideres indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal.
