Ante la crisis política y social que atraviesa Perú luego de que el Congreso de la República declarare, el día de ayer, la vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra, las autoridades de ese país deben poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas. En este sentido, las autoridades deben enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
